La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados examinará la idoneidad de Consuelo Madrigal Martínez-Pereda para ser la nueva fiscal general del Estado, cargo que dejó vacante Eduardo Torres-Dulce tras dimitir el pasado 18 de diciembre.
Consuelo Madrigal comparecerá en la Cámara Baja después de haber obtenido el aval unánime del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y una vez que el Consejo de Ministros ha trasladado su propuesta al Congreso.
El examen parlamentario, cuya superación tendrá garantizada gracias a la mayoría absoluta del PP, permitirá al Gobierno formalizar su nombramiento en el siguiente Consejo de Ministros. Tras ello, Madrigal jurará o prometerá el cargo ante el Rey y tomará posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo.
El día de la renuncia de Torres-Dulce, el presidente de la Comisión de Justicia, Alfredo Prada, hizo llegar al presidente del Congreso, Jesús Posada, la propuesta de fijar para el 8 de enero la comparecencia en la que los diputados podrán verificar los méritos y la idoneidad de la que está llamada a desempeñar la máxima responsabilidad en el Ministerio Público.
El artículo 29 del Estatuto del Ministerio Fiscal establece que el cargo deberá recaer entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.
Prada, que ha agradecido la «colaboración» que Torres-Dulce ha prestado durante estos años, ha destacado en declaraciones a Europa Press la intervención de los tres poderes del Estado en el nombramiento de esta autoridad.
El fiscal general es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y previa valoración de idoneidad por parte de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Estos órganos verifican que el candidato cumpla los requisitos legales para acceder al puesto.
La oposición tiene pedida la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para explicar ante el Pleno del Congreso por qué dimitió Torres-Dulce, pero esta solicitud no se prevé discutir en la Cámara hasta el 13 de enero, cuando probablemente ya haya tomado posesión la nueva fiscal general.
