El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) aprecia indicios de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y las consejeras Joana Ortega e Irene Rigau pudieron incurrir en un delito de desobediencia al no acatar la orden del Tribunal Constitucional que suspendió cautelarmente el proceso participativo del 9-N.
La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en un auto en el que da respuesta a la denuncia de la fiscalía, destaca la «verosimilitud» de los hechos denunciados por el ministerio público, de los que se deduce que pudo incurrir en «el delito de desobediencia» e incluso de «prevaricación y malversación de caudales públicos», si así lo acaba demostrando la investigación.
El tribunal destaca que Mas presuntamente no acató la prohibición del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre de suspender cautelarmente la consulta. Y se apoya, como prueba, en que desde la fecha de la prohibición hasta el 10 de noviembre «continuaron, al parecer, los actos preparatorios, la publicidad institucional, la aparente realización de actos administrativos de desarrollo de carácter verbal o por la vía de hecho hasta llevar a cabo, en edificios públicos de Cataluña, las votaciones». Y recuerda que el propio Artur Mas «se responsabilizó públicamente» de todo ello.
Ya el pasado 21 de diciembre, el TSJC anunció que admitiría a trámite la querella de la fiscalía y de todos aquellos denunciantes que acusaban al presidente de la Generalitat, a la vicepresidenta y a la consejera de Educación de haber cometido un delito de desobediencia grave cometido por una autoridad pública.
Las querellas admitidas a trámite fueron presentadas por el Ministerio Fiscal, el sindicato Manos Limpias, el Sindicato Profesional de Policía y Unión Federal de Policía, Vox, UPyD y Asociación Pro Justicia Siglo XXI.
