La Fundación Abogacía Española ha instado a las autoridades ecuatorianas a agilizar los trámites para poner en libertad a varias decenas de españoles condenados por tráfico de pequeñas cantidades de droga en el país latinoamericano y que ya han extinguido sus condenas gracias a una reforma legal llevada a cabo por el Gobierno de Ecuador.
Esta petición responde a que Ecuador puso en marcha en agosto de 2014 una reforma que modulaba las penas en función de la cantidad de droga portada, por lo que las condenas por tráfico de pequeñas cantidades debían ser revisadas. En consecuencia, una parte importante de los presos condenados por este delito ya habrían cumplido su condena y deberían quedar en libertad. Esta reforma afecta a casi dos centenares de españoles que se encuentran encarcelados tanto en Ecuador como en España, y de los que un número significativo tendría extinguida la pena por completo.
Sin embargo, los retrasos de las autoridades ecuatorianas están impidiendo la revisión de las condenas y la consiguiente puesta en libertad de los presos españoles, algunos de ellos con graves problemas de salud.
Por todo ello, la Fundación Abogacía Española está manteniendo contactos desde hace meses con diversas instituciones ecuatorianas y españolas, entre ellas el Consejo de la Judicatura de la República de Ecuador, organismo que solicitó a la Fundación una propuesta de procedimiento para la revisión de las condenas de los ciudadanos presos en cárceles españolas, ya que al menos 40 de ellos deberían estar en libertad por haber extinguido sus condenas. A pesar de que la Fundación sugirió el procedimiento solicitado, aún no se ha puesto en marcha.
Además, abogados ecuatorianos, con el apoyo de la Fundación Abogacía, están estudiando los expedientes penitenciarios de varios casos prioritarios de españoles encarcelados en Ecuador, mientras que en España son los abogados de los Servicios de Orientación y Atención Jurídica Penitenciaria de los Colegios de Abogados quienes están asesorando a los españoles presos en nuestro país a los que les afecta la reducción de penas.
Por otra parte, el Consulado español en Quito, con el que la Fundación está en permanente contacto, ha advertido de supuestos intentos de fraude a los familiares de estos presos, a los que les piden dinero para realizar gestiones legales cuyo resultado es, obviamente, incierto.
