Sara González, la joven valenciana de 29 años, y con dos hijas menores a su cargo se encuentra un paso más cerca de conseguir el indulto. Según ha podido saber en exclusiva Confilegal, la Fiscalía de Valencia ha informado favorablemente esta mañana respecto a la suspensión del cumplimiento de la pena mientras se tramita el indulto.
Este caso comenzó en 2009 cuando Sara González se encontró en una calle de Valencia una cartera. La joven, que entonces padecía anorexia y bulimia, utilizó una tarjeta de crédito para comprar unos móviles y revenderlos. Según afirma la afectada lo hizo para saciar la ansiedad que la enfermedad le provocaba, y poder comer de forma compulsiva a escondidas de su familia. Fue entonces cuando el juzgado de lo Penal número 12 de Valencia la condenó, en septiembre de 2012, a un año y nueve meses de prisión por un delito de falsificación y a otros seis meses por un delito de estafa.
La primera de las penas fue suspendida en febrero de 2013 por ser la primera vez que cometía un delito, y ser inferior a dos años de prisión además de haber pagado todas las indemnizaciones impuestas. La otra condena, la de seis meses, le fue conmutada por una multa de 1.440 euros.
El caso de Sara se tornó mediático la semana pasada cuando el juzgado de lo Penal número 14 de Valencia denegó la suspensión cautelar de la pena de tan solo seis meses porque la joven no había abonado dicha multa de 1.440 euros, según explicó ella misma por una serie de errores achacables a su letrado. El magistrado encargado de la causa alegó que “lo más probable es que el indulto fuera denegado en el periodo inmediatamente anterior a diversas convocatorias electorales debido al descrédito existente en la sociedad ante el otorgamiento de los indultos a penados”.
Pero además, el magistrado dijo respecto a su situación familiar, tiene dos niñas una de dos meses, que “no consta que su actual situación familiar no fuera provocada para eludir la aplicación de la justicia”.
El indulto
Tras un periplo judicial, y haber recurrido el fallo del magistrado del 14, la Fiscalía Provincial de Valencia ha informado a favor de la suspensión de entrada en prisión mientras se tramita el indulto, cuyo informe deberá realizar la fiscal jefe, Teresa Gisbert. El fiscal explica en su escrito, apoyándose en varias directrices internas de 1994, que Sara no ha vuelto a delinquir desde 2009, que la pena es inferior a dos años y que está totalmente reinsertada en la sociedad.
Además, también tiene en cuenta que el Gobierno tiene un año para responder a la petición de indulto y que, ese tiempo, es muy superior al de la condena. Según fuentes de toda solvencia, no es en absoluto descartable que se le conceda un indulto parcial, es decir, que sea indultada a cambio del pago de la multa de 1.440 euros que en su día no abonó.