Esta mañana el ministro de justicia, Rafael Catalá, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se han mostrado dispuestos a negociar la parte del Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que permitiría las escuchas telefónicas sin autorización judicial. Ayer el Consejo General del Poder Judicial dijo que ese asunto ocasionaría «serias dudas de encaje constitucional».
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que su departamento no tiene la «más mínima intención» de promover una iniciativa que tenga «la más mínima duda de encaje constitucional». Por este motivo dijo que renunciarán a la propuesta si órganos como el CGPJ plantean estos reparos de constitucionalidad.
En declaraciones a la Cope, Fernández Díaz ha valorado así la aprobación por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de un informe que contempla que existen «serias dudas» de constitucionalidad respecto a los pinchazos telefónicos sin autorización judicial previa, algo que se desarrolla en el anteproyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que promueve el Gobierno.
A este respecto, el titular de Interior dijo que las escuchas telefónicas sin permiso judicial previo están contempladas en la Carta Magna para delitos terroristas y que es algo que se desarrolla en la LECrim vigente, que data de 1988. El responsable de Interior añadió que la sociedad ha evolucionado desde entonces y que «hay que prever supuestos adecuados» a la nueva realidad a la hora de combatir los fenómenos delictivos y terroristas.
En el mismo sentido se ha manisfestado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha afirmado que el Gobierno está «dispuesto a negociar» con las fuerzas políticas su propuesta para ampliar los delitos en los que la Policía puede intervenir las comunicaciones sin autorización judicial previa a la luz de lo que digan los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y el Consejo de Estado.
«El CGPJ nos ha dicho que desconfía de que tenga visos de inconstitucionalidad, vamos a ver qué dicen la Fiscalía y el Consejo de Estado y si es así y en el consenso con las fuerzas políticas se convierte en un elemento de tensión seguramente nos plantearemos una modificación», ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser.
