La Comisión de Justicia del Congreso debate este jueves la reforma del Código Penal con más de 900 enmiendas. El texto introduce la prisión permanente revisable, incorpora medidas anticorrupción como el delito de financiación ilegal de los partidos, introduce el delito de coacción a la huelga, suprime las faltas o modifica la Ley del Indulto, entre otros muchos puntos.
El texto, cuyo debate se prolongará hasta el viernes, entra así en la recta final de la tramitación parlamentaria un año y cuatro meses después de su llegada al Congreso, patrocinado por el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.
El nuevo Código Penal se puede convertir en el proyecto estrella del Ministerio de Justicia en esta legislatura. Al Gobierno le queda poco tiempo para hacer reformas de calado en un año marcado por las citas electorales.
La demora en la tramitación, que ha incluido más de 30 ampliaciones de enmiendas, ha estado vinculada con el paquete de medidas de regeneración democrática y lucha contra la corrupción que el Gobierno quería pactar con el PSOE, que al final han sido introducidas en solitario por los populares.
Eso sí, la llegada al Ministerio de Justicia de Rafael Catalá ha impulsado definitivamente el proyecto de Código Penal, que se ha perfilado en el Congreso en las últimas semanas.
Quedan fuera de la negociación todo el bloque de enmiendas referentes a la lucha contra el terrorismo yihadista que habían incorporado los populares (12 enmiendas), tras aceptar la propuesta de los socialistas de negociarlas por separado. En este sentido, el PP y el PSOE han acordado negociar de forma urgente medidas contra el terrorismo yihadista, que plasmarán en una proposición de ley orgánica que se tramitará de forma paralela al Código Penal, desde el convencimiento de que se trata de una cuestión de Estado.
En lo que respecta al contenido de la reforma, el PP ha retirado la regulación de las medidas de seguridad a los expresos que recogía el articulado y que prorrogaban indefinidamente el tiempo de internamiento de personas con trastorno mental, atendiendo a una supuesta peligrosidad de las mismas al finalizar la condena.
También se eliminó del proyecto original la custodia de seguridad, que era una medida privativa de libertad para casos excepcionales, que se hubiera aplicado una vez cumplida la pena de prisión.
Pese a estas concesiones, el PP ha marcado unas líneas rojas en las negociaciones con el resto de grupos, entre las que se encuentra el delito de coacción a la huelga, la supresión de las faltas y en especial la prisión permanente revisable.
Más abierto se encuentra el debate en torno a la edad de consentimiento sexual que el Gobierno baraja elevar a los 15 años en la reforma del actual Código Penal, que la fija en 13 años, por lo que un adulto cometerá un delito de abusos a menores si tiene relaciones con una persona menor de esa edad.
Y también en la cuestión del decomiso y los casos de maltrato animal, donde se ha dejado la puerta abierta a tipificar como delito la agresión sexual a los animales.
Tras superar el trámite de la Comisión de Justicia, cosa que hará este viernes, la reforma será aprobada previsiblemente en el Pleno del próximo día 21 para iniciar su tramitación en el Senado.
