El presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, han recurrido este jueves la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de abrirles una investigación por presunta desobediencia en la consulta del 9-N.
En su recurso de súplica ante el TSJC, Artur Mas aduce que no incurrió en un delito de desobediencia cuando mantuvo la consulta alternativa, dado que no existía un «mandato expreso, concreto y terminante» del Tribunal Constitucional (TC), y recuerda que ese argumento ya fue esgrimido por la Fiscalía Superior de Cataluña para oponerse a la interposición de una querella por el 9N.
En la misma línea del escrito elaborado por el abogado del presidente de la Generalitat, Artur Mas, la defensa de Ortega, encabezada por Rafael Entrena, también considera que no se les puede achacar el delito de desobediencia porque, para que exista, tendría que haber un mandato preciso, una negativa inequívoca a cumplirlo y un requerimiento previo «concreto y personal»; considera que en este caso no los ha habido.
Al igual que ha hecho en su recurso el letrado de Artur Mas, Javier Melero, el de Ortega recuerda que una reforma del Código Penal de 2012 apuntaba a que las cuestiones de convocatorias por instituciones que no son competentes deberían resolverse por vías alternativas a la penal.
