La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que condene a 42 años y medio de prisión a Luis Bárcenas, al considerar que el ex tesorero popular cometió hasta seis delitos distintos: cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental, apropiación indebida y tentativa de estafa procesal.
Anticorrupción solicita casi 800 años de presidio para los 41 acusados que se sentarán en el banquillo del primer juicio del caso Gürtel. Además de Barcenas, en el escrito de la Fiscalía aparecen otros dos extesoreros de la formación: Álvaro Lapuerta (con quien Bárcenas fue gerente antes de sucederle) y Ángel Sanchis (responsable de finanzas con AP y que fue quien llevó a Bárcenas al área económica del partido).
Para Lapuerta, la Fiscalía pide tres años por apropiación indebida. Para Sanchis, ocho años por blanqueo, fraude fiscal y falsedad documental. La actividad delictiva de ambos estaría relacionada con la ayuda prestada a Bárcenas. Lapuerta le habría permitido hacerse con parte del dinero B del Partido Popular y Sanchis le habría ayudado a poner a salvo parte de su fortuna tras estallar el caso Gürtel.
El escrito se dirige también directamente contra el propio Partido Popular. No como acusado, pero sí como partícipe a título lucrativo (beneficiarios pero no conocedores). La Fiscalía entiende que, aunque no participó en el delito, sí se benefició de los apaños entre la trama corrupta y dos de sus alcaldes madrileños: Jesús Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón) y Guillermo Ortega (Majadahonda).
La Fiscalía pide 328.440 euros al PP en concepto de responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo en los beneficios obtenidos por Gürtel en los Ayuntamientos de Pozuelo de Alcorcón (111.864 euros) y en Majadahonda (216.576 euros).
Otras penas
La pena más alta solicitada por el Ministerio Público en su escrito, de 507 páginas, es para el presunto líder de la trama ‘Gürtel’, Francisco Correa, que podría ser condenado a casi 110 años de cárcel por asociación ilícita, fraude, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
En concreto, la Fiscalía pide para Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato, 15 años y cuatro meses por cohecho, falsedad, fraude a las administraciones, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Ana Mato, deberá responder como partícipe a título lucrativo de los delitos investigados. En concreto, se habría beneficiado, según el escrito de la Fiscalía, de 28.468 euros en regalos realizados por la red y el 50 por ciento de sus fiestas familiares.
El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, alias ‘El Rata’, se enfentará a 50 años y diez meses por los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad, fraude a las administraciones, malversación, prevaricación, prevaricación, fraude fiscal y blanqueo de capitales.
La Fiscalía también apunta a la responsabilidad civil de un total de 25 personas físicas y jurídicas, entre las que, además de Ana Mato y el PP, se encuentran la esposa de Guillermo Ortega, Gema Matamoros, las empresas de la trama y adjudicatarias como Sufi, filiar de Sacyr.
Las fiscales del caso, Concha Sabadell y Concha Nicolás, acusan a un total de 41 personas, entre las que destaca el presunto número dos de la trama y exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, que podría ser condenado a un total de 85 años y medio de cárcel; y el contable de la organización, Pablo Izquierdo, que se enfrentará a una pena de 43 años y ocho meses.
Por su parte, el exconsejero de Deportes y exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo se enfrenta a 46 años de cárcel por asociación ilícita fraude fiscal, malversación, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Además, tendrá que devolver a la Comunidad de Madrid un total de 430.228,64 euros: 341.430,82 por el sobrecoste de las facturas cargadas a la red ‘Gürtel’ entre 2004 y 2008, 1.825 euros por la duplicidad de las facturas de la instalación del Belén de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, en 2005; y 86.976 euros por la doble facturación en la adquisición de tres atriles. El exviceconsejero de Inmigración y Cooperación Carlos Clemente, por su parte, se enfrenta a diez años y medio de cárcel.
En el escrito de acusación, la fiscalía propone que se cite en el juicio oral como testigos a decenas de funcionarios de la Comunidad de Madrid que gestionaron los expedientes de los contratos adjudicados a la red Gürtel.
También solicita la presencia en el juicio como testigo de la ex presidenta regional Esperanza Aguirre.
