Está comenzando a ser un clamor: Algunos países de la antigua Unión Soviética se sirven de la Interpol para capturar a sus disidentes en el extranjero acusándoles de delitos homologables en la Unión Europea. El último caso ha sido el de Muratbek Ketebayev, ex viceministro de Economía de Kazajistán y uno de los líderes del proscrito partido de oposición Alga!, detenido en Madrid el 27 de diciembre.
A petición de Interpol Kazajistán.
Fernando Andreu, magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, ordenó su puesta en libertad provisional hoy tras comprobar oficialmente que Ketebayev tenía el estatus de refugiado político, concedido por el Gobierno de Polonia en diciembre de 2013.
Por lo tanto, el disidente kazajo goza de la misma protección que en Polonia.
“El juez ha valorado convenientemente el Convenio de Ginebra, que España suscribió en 1978, y ha adoptado una resolución de acuerdo a derecho. Ketebayev es un perseguido político por el gobierno de su país”, cuenta el abogado José Pedro Alberca, del bufete Eversheds Nicea, representante legal de Ketebayev y uno de los grandes especialistas en este campo en España.
La puesta en libertad del disidente kazajo es consecuencia del recurso de reforma presentado por Alberca contra la decisión de encarcelar provisionalmente a su cliente. El caso de Ketebayev es uno más de la lista en los que se hace un uso perverso de Interpol.
“Países como Kazajistán falsamente tipifican las actividades de los disidentes bajo supuestos delitos homologables en la Unión Europea. Las detenciones y la entrega posterior de las personas buscadas se producen sobre esos parámetros”, explica el analista Jedrej Czerep, miembro de la ONG Open Dialog Foundation, de Polonia. “Interpol, de esa forma, se convierte, en muchos casos, en un colaborador involuntario y valiosísimo para capturar a las personalidades contrarias al régimen seudo democrático del país demandante”.
El mecanismo que posibilita este estado de cosas es la llamada “alerta roja”, actualmente en vigor. Un sistema automático que tiene fallos evidentes porque no se entra a conocer el fondo del asunto por el que se persigue a una persona.
Esta república exsoviética está gobernada por Nursultan Nazarbayev, que el 24 de abril de 2011 fue nombrado “Presidente Perpetuo de Kazajistán”.
Kazajistán reclama a Ketebayev por formar supuestamente parte de “un grupo criminal organizado que comete delitos contra el orden público y crímenes que ponen en peligro la seguridad nacional con el fin de derrocar el orden constitucional”, un delito castigado con 20 años de cárcel. Este disidente apoyó en 2011 a los trabajadores petroleros que convocaron una huelga en Zhanaozen, la cual fue sofocada brutalmente por las fuerzas de seguridad. Es co-fundador del partido Alga!, cuyo líder actualmente cumple una condena de 7,5 años de cárcel. Últimamente venía publicando textos que ponían al descubierto los mecanismos de cómo el régimen de Kazajistán persigue a la oposición en colaboración con Rusia.
Este país intentó servirse, en junio de 2013, de Interpol para detener a Ketebayev en Polonia. Sin embargo, las autoridades polacas no tardaron en darse cuenta de que el caso era político y le concedieron la condición de refugiado.
Kazajistán, junto con la Rusia y Ucrania, han sido denunciados públicamente por ONGs defensoras de los derechos humanos por utilizar Interpol para perseguir a sus disidentes políticos, como en el caso del kazajo Alexandr Pavlov o de Bohdan Danylyshyn, que fue ministro de Economía del Gobierno de Ucrania hasta 2010.
Según la diputada portuguesa, Isabel Santos, presidenta del Comité General de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, los países dictatoriales están haciendo uso de Interpol para capturar a sus disidentes. “Hay que reformar la Interpol”, declaró recientemente en Madrid.
Ketebayev ha recuperado, por lo tanto, la libertad, con condiciones. Se le ha retirado el pasaporte y tiene que presentarse todos los lunes ante la Justicia hasta que se resuelva su caso. A cambio, no ha tenido que prestar fianza alguna.
El proceso queda ahora en el tejado de la Embajada de Kazajistán, que tiene que presentar ante el Ministerio de Exteriores antes del día 4 de febrero la documentación que sustenta la demanda de extradición. El Ministerio de Justicia tiene que decidir, tras valorar los documentos, si continúa con el procedimiento, en cuyo caso desembocarían ante el Juzgado Central de Instrucción número 4, de Andreu, competente en el caso.
Tras una vista sencilla, establecida en el artículo 12 de la Ley de Extradición Pasiva, en la que se le ofrecería a Ketebayev regresar voluntariamente a su país –cosa harto improbable-, terminaría la fase de instrucción y pasaría a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tendría que decidir.
