La juez Mercedes Alaya, de 51 años, está en posición de lograr el traslado solicitado a la Audiencia Provincial de Sevilla, lo que le obligará a dejar el Juzgado de Instrucción desde el que ha puesto contra las cuerdas a la Junta de Andalucía con casos como los ERE, los cursos de formación, Mercasevilla o el caso Madeja.
Como ya adelantó Confilegal, la juez Mercedes Alaya solicitó antes de Navidad optar a una de las cuatro plazas de la Audiencia de Sevilla ofertadas en el último concurso de traslados convocado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estas cuatro plazas se enmarcan en la convocatoria para la comunidad andaluza de 46 correspondientes a jueces de adscripción territorial y 18 para las audiencias provinciales.
El plazo de presentación de solicitudes ya se ha cerrado, y, según fuentes del Consejo, Alaya podría garantizarse una de ellas. Los servicios técnicos del CGPJ comenzarán a ordenar la semana que viene las cerca 750 solicitudes de traslado que han recibido. De acuerdo a las peticiones registradas, la magistrada conseguirá el traslado solicitado.
Mercedes Alaya lleva diecisiete años en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Desde el año 1998. Cumple, por lo tanto, con el requesito principal: antigüedad.
Durante los últimos cuatro años, el PP ha convertido las causas de la juez Alaya en el eje de su oposición en Andalucía.
Los nuevos titulares de las plazas deben ocupar en marzo el destino que se les adjudique. El entorno de Alaya afirma que ha manifestado su intención de pedir una comisión de servicios de seis meses prorrogables para poder quedarse en su puesto hasta acabar algunas de las cuatro macrocausas abiertas: los ERE, los cursos de formación, el caso Madeja y el delito societario de Mercasevilla.
Sin embargo, el Poder Judicial no contempla esta posibilidad y limita a apenas cuatro o cinco meses las opciones de Alaya de permanecer en su plaza. Para ello, podría pedir acogerse al artículo 319.2 de la ley Orgánica del Poder Judicial, que permite al juez un “cese diferido”, es decir, que se aplazara durante unos meses su incorporación a la Audiencia Provincial para poder hacer un alarde específico y detallado para quien le suceda, a fin de que todas las investigaciones no queden en agua de borrajas.
En cualquier caso, la decisión depende de la Comisión Permanente del CGPJ, previo informe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
CASOS DE ALAYA
‘Caso ERE’: La causa se ha dividido en tres. Una ya está en el Supremo, pero Alaya tiene que enviar al tribunal superior andaluz la relativa a los aforados autonómicos. El caso ronda ya los 230 imputados y afronta en este 2015 un momento clave con la validación, o no, del Tribunal Supremo de la tesis sostenida por la juez Mercedes Alaya de que la cúpula del Ejecutivo diseñó el procedimiento para pagar ayudas al margen de cualquier control desde un fondo dotado inicialmente con 855 millones.
Cursos de formación: La instrucción de los cursos de formación subvencionados por la Junta se abrió y quedará en manos del sustituto de Alaya. De momento, hay solo dos imputados, pero abundante documentación y la juez prevé que el caso supere los “dos millones de folios”.
‘Caso Madeja’: Alaya una trama de sobornos por todo el país a cambio de adjudicaciones de concursos en Ayuntamientos, Diputaciones y el Ministerio de Fomento. Ha preguntado al fiscal si el caso debe elevarse a la Audiencia Nacional. En el sumario, que consta de casi 9.000 folios distribuidos en 24 tomos, hay ya un total de 95 personas imputadas, entre ellas varios ex responsables políticos y funcionarios de distintas administraciones públicas.
Caso Mercasevilla: Integra varias ramas que afectan a la empresa pública sevillana. Un intento de soborno ya fue juzgado con dos exdirectivos condenados, la instrucción por la venta de suelos está acabada con 16 procesados, y está en marcha una tercera por delito societario, con más de una quincena de imputados.
