El Partido Popular aprobó este viernes en solitario el proyecto de Código Penal, que introduce por primera vez la prisión permanente revisable, las donaciones ilegales a partidos políticos, la explotación sexual de animales o reduce las penas de cárcel para los piquetes de las huelgas.
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha sacado adelante el dictamen de la ponencia con la oposición unánime de todos los grupos que han cargado contra la «cadena perpetua revisable». No han dudado de tachar el texto de «populista», por suponer un «retroceso» en el sistema penal español e incorporar medidas con claros «tintes ideológicos». De hecho, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se ha desvinculado de la votación al ser «un trágala y un Código Penal de excepción».
El Código Penal incluye por primera vez en España la prisión permanente revisable, que establece una revisión cuando se cumplan entre 25 y 35 años de la condena. El PP, por boca del diputado José Miguel Castillo Calvín, ha defendido que nuestro país es de los pocos europeos sin este sistema, con el que ya cuenta Alemania o Reino Unido.
Sin emebargo, el portavoz socialista en la Comisión de Justicia, Julio Villarrubia, ha dicho que esta medida supone «la vergüenza» de recuperar la cadena perpetúa en el ordenamiento jurídico español, y ha añadido que se trata de «un obstáculo insalvable para la reinserción».
El PP, que incluía en su programa electoral la prisión permanente revisable, ha renunciado a las medidas de seguridad para presos de especial peligrosidad planteadas por el antiguo ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.
DELITOS DE CORRUPCIÓN
También ha salido adelante el paquete de medidas de lucha contra la corrupción, entre ellas, la exigencia a los condenados por estos delitos de devolver el dinero sustraído a las arcas públicas para tener acceso a la libertad condicional. Además, fija en 500.000 euros la cuantía para imponer cárcel por financiación ilegal –salvo que sea extranjero que será de 100.000– y mantiene el límite de 120.000 euros para hablar de fraude fiscal.
Todos los grupos de la oposición han considerado insuficientes las penas por corrupción que el Gobierno ha recogido en el nuevo Código Penal.
El PSOE ha exigido avanzar en el decomiso del patrimonio de los corruptos, CiU ha acusado al PP de buscar un «lavado de imagen» y UPyD ha tildado de «escandaloso» que no se sancione de forma «clara y contundente» la tenencia de ‘cajas B’ y dinero no declarado en el extranjero.
El socialista Manuel de la Rocha ha lamentado que el PP no aborde cambios en los delitos fiscales, que están «presentes» en la vida española como demuestran, ha citado, el caso de la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, o el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, por lo que ha propuesto bajar el tipo de 120.000 a 50.000 euros para considerarlo delito fiscal, lo que ha sido rechazado.
«Los ricos para comter el delito fiscal deben defraudar 120.000 euros al año, mientras que el pobre, el parado o el trabajador que compatibiliza un trabajo con una ayuda pública comete un delito desde el primer euro», ha señalado-
Además la reforma del Código Penal, regula la Oficina de Recuperación y Gestión de activos procedentes del delito y se reduce la pena de cárcel a quienes dificultan o impiden el ejercicio de huelga y a los piquetes que, no obstante, seguirán teniendo castigos más duros cuando actúen con violencia.
OTRAS MEDIDAS
La norma modifica la Ley del Indulto para que un alto cargo del Ministerio de Justicia comparezca sobre estos expedientes cada seis meses. Además, se mantiene la idea de fijar el consentimiento sexual en 16 años, si bien el PP no descarta que se pueda bajar a 15 en la tramitación en el Senado, como sugiere el resto de grupos.
También se aumenta la persecución del maltrato, abandono y explotación sexual de animales. El texto multa a quienes maltraten cruelmente a los animales en peleas de gallos o perros, pero no a los organizadores de estos combates. Esta cuestión ha sido criticada por ERC y PSOE, que advierte de que la explotación sexual de animales no es lo mismo que penalizar cualquier «abuso sexual» a un animal y pone el ejemplo de que la explotación de mujeres o niños conlleva un «negocio» o ánimo de lucro.
El texto mantiene también la figura del delito de coacción a la huelga que la oposición ha pedido derogar, si bien se incluyen penas no privativas de libertad -multas- y se reducen los tipos tanto para los empresarios como para los piquetes, que tendrán penas más elevadas que los primeros.
No obstante, la novedad se encuentra en que el juez no podrá aplicar ambos castigos a la vez, es decir, deberá inclinarse por imponer una pena de prisión o una multa.
TERRORISMO
Las medidas sobre el terrorismo se aprobarán en una ley orgánica aparte de forma urgente tras el pacto de Estado alcanzado entre el Gobierno y el PSOE, que tiene la voluntad de incorporar al máximo número posible de grupos parlamentarios. El Pleno del Congreso enviará previsiblemente el Código Penal al Senado el próximo 21 de enero.
