Iñaki Urdangarin, que se enfrenta a una petición del fiscal Pedro Horrach de 19 años y medio de cárcel por los supuestos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, contra Hacienda y blanqueo de capitales, sigue sin plantearse la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, previo a la celebración del juicio.
El abogado de Urdandarín, Mario Pascual, ha expresado que su cliente y él mantienen la misma tesis defensiva de siempre: la «absoluta inocencia» del imputado ante el abanico de delitos que el fiscal Pedro Horrach le imputa. Y ha incidido en que el Duque no contempla negociar.
Así lo ha puesto de manifiesto a su salida de los Juzgados de Vía Alemania de la capital balear, donde este lunes se ha reunido con el juez instructor del caso, José Castro, y con el magistrado Manuel Penalva, que investiga por su parte la grabación de la Infanta Cristina durante su comparecencia como imputada el 8 de febrero de 2014.
En declaraciones a los medios, el letrado ha señalado que ha mantenido un encuentro con ambos jueces para hablar de «trámites procesales», eludiendo entrar en detalles sobre lo abordado con ellos. Al ser inquirido sobre la posibilidad de alcanzar un pacto con las acusaciones, el penalista ha dejado claro que no está entre sus pretensiones puesto que mantiene la inocencia del Duque de Palma.
En su momento, según fuentes judiciales, el pacto de confesión con los principales imputados sí se negoció. Representantes del Duque y de su socio Diego Torres trataron con el Ministerio Público, pero no se llegó a ningún entendimiento.
Pascual ha querido dejar también claro que Urdangarín seguramente no podrá consignar la fianza de 13.646.950 euros que le exige el juez Castro de fianza de responsabilidad civil porque «es una fortuna».
El juez Castro dictó el pasado 22 de diciembre la apertura de juicio oral contra el marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide una condena de 19 años y 6 meses de cárcel por los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, contra Hacienda y blanqueo de capitales, y la acusación popular que ejerce Manos Limpias hasta 26 y 6 meses.