El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, con la mayoría absoluta del PP con el apoyo de UPN, la reforma del Código Penal que introduce en España la prisión permanente revisable, reduce las penas de los piquetes de las huelgas y fija penas de cárcel para los dirigentes políticos que acepten donaciones ilegales superiores a 500.000 euros.
La Cámara Baja ha dado luz verde, con 186 votos a favor, la abstención de Foro Asturias y el rechazo de los demás grupos, a este proyecto legislativo para su remisión al Senado. En caso de introducirse mejoras, el texto volverá al examen del Congreso para que esté definitivamente aprobado antes de verano, para que entre en vigor en 2016.
Toda la oposición ha clamado contra la introducción en el ordenamiento jurídico español de la prisión permanente revisable, un eufemismo, a su juicio, para no hablar de «cadena perpetua». En este sentido, ha acusado al PP de querer que los presos «se pudran» en la cárcel.
Varios portavoces de la oposición ha asegurado que las condiciones de revisión son tan duras que convierten la etiqueta de prisión permanente revisable en un eufemismo de la cadena perpetua efectiva. «Es permanente, pero no revisable».
El nuevo Código Penal sigue la senda de otros países europeos en la aplicación de esta pena, que podrá ser impuesta en casos de excepcional gravedad, como el homicidio del Rey o su heredero, de jefes de Estado extranjeros, genocidio, asesinatos en serie, cometidos en el seno de una organización criminal o contra menores de 16 años o personas especialmente vulnerables.
Las penas serán revisadas, tras el cumplimiento de 25 a 35 años, para verificar si el pronóstico es favorable a la reinserción social. Los jueces examinarán si debe mantenerse la prisión cada dos años de oficio o a petición del recluso, si bien puede no dar curso a nuevas solicitudes durante un año.
El proyecto de ley de Código Penal modifica también los capítulos referidos a delitos vinculados a corrupción. Se aumentan las penas, se elevan los plazos de prescripción y, por primera vez, se tipifica el delito de financiación ilegal de los partidos políticos. También se aplica ahora la responsabilidad de las personas jurídicas a partidos y sindicatos y se crea la Oficina de Gestión de Activos para los bienes decomisados.
Se dificulta además el acceso la libertad condicional a los corruptos que no hayan reparado el daño causado, fija en 500.000 euros la cuantía para imponer cárcel por financiación ilegal –salvo que sea extranjero que será de 100.000– y mantiene el límite de 120.000 euros para hablar de fraude fiscal.
La oposición ha denunciado la «desproporcionada dureza» de los tipos referidos a manifestaciones y reuniones, al tiempo que ha acusado al PP de beneficiar a sus «amigos», los defraudadores y delincuentes de cuello blanco. «Con este Código Penal, Luis Bárcenas podría seguir siendo tesorero del PP. Si repasa sus papeles nadie ha dado más de 500.000 euros, es una desfachatez», han expresado.
El proyecto de Código Penal aprobado incluye una disposición que, por primera vez, obliga al Gobierno a informar cada tres meses al Parlamento de los indultos concedidos y denegados. También se tipifican nuevas conductas como la zoofilia y se eleva a 16 años la edad de consentimiento para las relaciones sexuales.
Terrorismo
Del proyecto de Código Penal ha sido extraído el capítulo de terrorismo que se negociará aparte en busca de un acuerdo. PP y PSOE ya pactaron buscar enmiendas conjuntas frente al yihadismo y el resto de grupos ha sido convocado para el jueves para buscar un acuerdo.
