La jueza Begoña Tárrega, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villajoyosa, Alicante, se halla en el punto de mira del Promotor para la Acción Disciplinaria (PAD) que hoy miércoles se ha desplazado a la Audiencia de esa ciudad para continuar una investigación que, de acuerdo con el abogado de la jueza, Javier Yágüe, «puede fundadamente sostenerse que es nula».
El origen de este caso reside en una denuncia que la juez Tárrega realizó contra la secretaria judicial interina de su juzgado, Magdalena Such, por supuestas incompatibilidades que, según ella, hacían imposible el desempeño de su trabajo. La secretaria judicial, a su vez, la denunció por acoso y el caso devino en una investigación cuyo desenlace desembocó en la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por una falta muy grave.
La Comisión Disciplinaria finalmente decidió, el 10 de diciembre pasado, no suspender de sus funciones durante seis meses por la supuesta comisión de una falta muy grave a la juez Begoña Tárrega por considerar que no había base para ello.
En todo caso sería una presunta falta grave o leve, cosa que todavía estaría por determinarse.
Sin embargo, el PAD, que sí apoyó esa suspensión, ha decidido continuar con un procedimiento que podría tener visos de nulidad, al existir importantes recursos sin resolver contra las actas de inspección que la sirven de base, vulnerando así el “derecho de defensa” de la jueza, según Yágüe.
De acuerdo con el letrado, su clienta ha dirigido un escrito a la Comisión Permanente –el máximo órgano del CGPJ entre Plenos- para que decrete la nulidad del acta de inspección, que se elaboró el 11 de julio de 2014, y que dio lugar al presente expediente disciplinario. La citada Comisión es el órgano superior al PAD.
Las razones que argumenta la jueza es que a día de hoy se ha superado el plazo de tres meses para resolver el recurso de alzada por lo que ha lugar a la nulidad de las actuaciones. “Debe entenderse concedida por silencio positivo”, dice el escrito dirigido a la Permanente y no podría continuarse válidamente con el procedimiento.
A pesar de eso, Fonseca-Herrero ha decidido continuar con la investigación sobre el terreno, en Alicante, volviendo a interrogar a 21 personas que declararon ante las inspectoras que elaboraron la citada acta de inspección, origen de todo.
La jueza se ha quejado, sobre este punto, en su escrito a la Comisión Permanente porque considera que no ha sido informada como es debido de tal desplazamiento sino que se ha enterado, in extremis, y a través de los funcionarios que van a ser interrogados por el PAD, lo que podría vulnerar su derecho de defensa.
De acuerdo con Javier Yagüe, esto podría representar un “fraude procesal” porque se está construyendo, de otra forma, el procedimiento que cerró la Comisión Disciplinaria y obviando los temas pendientes de resolver por la Comisión Permanente sobre la regularidad de todo el procedimiento. “Esto no es absoluto ortodoxo”.
