El Partido Popular aprobó el miércoles en el Congreso, con solo sus votos y los de Unión del Pueblo Navarro, la llamada “prisión permanente revisable”, contemplada para delitos graves dentro de una nueva reforma del Código Penal. Las penas serán revisadas, tras el cumplimiento de 25 a 35 años de cárcel, para verificar si el pronóstico es favorable a la reinserción social.
El resultado final fue de 186 a favor y 144 en contra, de un total de 331 asistentes -la cámara baja la componen 350 diputados-.
Esta reforma –que ahora pasará al Senado- establece que sean los jueces los que examinen cada caso y los que decidan si se debe mantener la prisión cada dos años de oficio o a petición del recluso, si bien no puede dar curso a nuevas solicitudes durante un año.
El nuevo Código Penal sigue la senda de otros países europeos en la aplicación de esta pena, que podrá ser impuesta en casos de excepcional gravedad, como el homicidio del Rey o su heredero, de jefes de Estado extranjeros, genocidio, asesinatos en serie, cometidos en el seno de una organización criminal o contra menores de 16 años o personas especialmente vulnerables.
A partir de ahora, Portugal, Bosnia, Croacia y Noruega quedan como los únicos países que no tienen cadena perpetua revisable en Europa. El resto la contemplan todos si bien varían los plazos. En el Reino Unido los plazos van de los 20 a los 25 años para revisar la concena, 20 años en el caso de Grecia, 15 años en Alemania, Francia, Austria y Suiza, 12 años en Dinamarca y 7 años en Irlanda.
En España sólo será aplicable a delitos cometidos a partir del momento en que sea aprobado.
Toda la oposición clamó contra la introducción en el ordenamiento jurídico español de la prisión permanente revisable, un eufemismo, a su juicio, para no hablar de «cadena perpetua». En este sentido, acusaron al PP de querer que los presos «se pudran» en la cárcel.
La “prisión permanente revisable” ha venido siendo una reivindicación de Juan José Cortés, padres de la niña Mari Luz, asesinada por un pederasta en 2008, o de María del Mar Bermúdez y Francisco Palo, padres de la joven Sandra Palo, que fue violada y asesinada por un grupo de jóvenes en 2003.
