Si hubiera que señalar una institución en la que la crisis económica se haya sentido de forma directa esa es la Justicia. Casi la mitad de los 3.894 juzgados españoles sufren una sobrecarga de trabajo que supera el 150 por ciento. El juez de lo Social de Madrid, Ángel Luis del Olmo, falleció por un infarto. El CGPJ ya ha reconocido la sobrecarga de trabajo como un factor de riesgo laboral.
A muchos de los hombres y mujeres que administran justicia diariamente en España les pesa y les afecta la crisis económica de dos formas: directamente, en su trabajo, especialmente en las jurisdicciones social, contencioso-administrativo y civil, y en su vida personal. Porque alguien cercano a ellos, de su familia, parientes o amigos, se han visto afectados por la crisis económica.
Como le ha ocurrido a buena parte de los españoles, han tenido que ayudar económicamente a sus seres queridos para capear el temporal de la crisis.
Los expedientes a los que tienen que enfrentarse todos los días suponen una gran angustia y tensión. Son conscientes de que detrás de cada uno de ellos hay personas, familias en estado de necesidad, que esperan su sentencia como agua de mayo.
Ángel Luis del Olmo, de 58 años, fue magistrado juez del Juzgado 25 de lo Social hasta la mañana del 2 de julio de 2013. Según algunos testigos presenciales, el magistrado “cayó desplomado al suelo” al salir de ascensor, en la planta de su Juzgado, ubicado en el número 3 de la madrileña calle Princesa. Murió de un infarto de miocardio.
La carga de trabajo de su juzgado superaba el 206 por ciento.
El día de su muerte tenía fijados 19 juicios. Solía dejar el despacho a las 10 de la noche. Sus jornadas eran maratonianas. De 13 a 14 horas diarias.
Sus compañeros de la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) afirman que “Ángel Luis del Olmo, como la mayoría de los jueces de lo social de Madrid se encontraba sometido a una intensa situación de estrés consecuencia del incremento de la litigiosidad derivada de la crisis económica”.
A lo que habría que añadir la carencia de medios, incluyendo los sanitarios. Cuando Del Olmo se debatía entre la vida y la muerte no había cerca un simple desfibrilador. Pero se había solicitado.
Desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, se admite que existe una descompensación de las cargas de trabajo. Un buen número “viven bien”, con cargas inferiores al 100 por cien, y el resto, no.
Una buena parte del problema reside en la no creación de nuevas plazas durante los últimos cuatro años, los de la crisis. Lo que ha agravado el problema hasta el punto de producir un hecho sin precedentes en la moderna historia de la democracia: JpD presentó una demanda contra el Ministerio de Justicia y el CGPJ ante la Audiencia Nacional (AN) por la grave sobrecarga de trabajo que afecta a los juzgados y a la falta de medios que afectaba a todos los órdenes jurisdiccionales, especialmente en las causas por corrupción.
La demanda fue admitida a trámite y se verá el próximo día 3 ante la Sala de lo Social de la AN.
“Se trata de una demanda de conflicto colectivo en el ámbito judicial que no tiene precedentes en nuestro país y que presentamos por la gravedad de la situación en la que nos encontramos”, explica Joaquín Bosch, portavoz de JpD.
Lo que pretenden es que «la Audiencia Nacional determine cuál es la carga de trabajo que realizan los juzgados y, acorde a eso, se creen los juzgados necesarios». A su juicio, «el Poder Judicial no cuenta con medios suficientes para cumplir con las funciones que tiene asignadas». Por lo que «el Ministerio de Justicia tendrá que poner los medios para necesarios para combatir la enorme carga de trabajo que soportan los juzgados y tribunales españoles».
Algunos de ellos, como reveló Francisco José Guerrero, decano de los Juzgados de Sevilla, están señalando juicios para el año 2018, de media, especialmente los sociales y mercantiles.
El Social 3 de Sevilla, ya ha convocado uno de sus juicios para el 6 de febrero de 2019, a las 10.20 de la mañana.
A esta situación de presión y tensión por solucionar los problemas de los ciudadanos, los jueces han tenido que enfrentarse a noticias que les han llenado de desasosiego, insatisfacción y enfado, como el anuncio de la supresión del seguro de responsabilidad civil suscrito por el anterior CGPJ y que el actual suprimió “siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas”, en alusión a un informe de fiscalización elaborado por ese organismo.
Las cuatro asociaciones de jueces, la citada JpD, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Francisco de Vitoria (AjFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), contestaron fuertemente la decisión.
«Todo tipo de empleados públicos cuentan con esta cobertura de su responsabilidad civil, que ha sido asumida por las administraciones competentes. Sin embargo, el CGPJ suprime la de la judicatura, que todavía está más justificada desde la perspectiva de un principio constitucional como el de la independencia judicial, básico en un Estado de Derecho», dijo Jpd.
El portavoz de la APM, Pablo Llarena, por su parte, atacó la decisión yendo a la raíz: “el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas para comprobar que entre las recomendaciones del informe no se contiene ni una sola que se refiera a la no renovación de la póliza. Ni una sola».
En la misma línea se pronunciaron los compañeros de AJFV y FJI.
La póliza le costaba al CGPJ 223.551 euros anuales y cubría a los 5.100 jueces y magistrados que componen la carrera judicial, lo que suponía un coste de 48 euros por juez.
Las beneficiadas directas de esta decisión han sido las empresas de seguros porque los jueces se han visto obligados a contratar pólizas de forma individual a un costo que va de los 150 a los 200 euros por juez.
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Sobre estas líneas, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del CGPJ, que está presidida por el vocal Juan Martínez Moya.
PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Desde el CGPJ se han decidido ahora a poner en marcha el primer Plan de Prevención de Riesgos Laborales para los jueces en el que se considera la carga de trabajo como un factor evidente de riesgo.
El próximo martes la Comisión Permanente del CGPJ –el máximo órgano entre Pleno y Pleno- estudiará el informe elaborado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud. Está presidida por el vocal –y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia- Juan Martínez Moya y forman parte de ella su compañera Concepción Sáez y representantes de las cuatro asociaciones de jueces.
De acuerdo con el último informe elaborado por el Servicio de Inspección del CGPJ, casi la mitad de los juzgados españoles (1.695 de 3.894) sufren una sobrecarga de trabajo superior al 150 por ciento.
Dicho Plan de Prevención hace una relación completa de aquellos riesgos para la salud que puede comportar la carrera judicial, desde riesgos ergonómicos y psicosociales a accidentes de tráfico.
El órgano de gobierno de los jueces se compromete, según este Plan, a medir la carga de trabajo para determinar el momento en el que la salud de los jueces se puede ver afectada por las tareas que tiene pendientes. De esa forma, detectando a tiempo las situaciones de crisis se podrían prevenir sus efectos aplicando, por ejemplo, medidas de refuerzo.
El CGPJ no cuenta con datos de bajas médicas de jueces y magistrados por problemas de estrés, aunque están trabajando en ello. Pero hay casos.
En 2013, una juez recibió la incapacidad permanente debido al estrés ocasionado por el trabajo de su juzgado.
Ser juez hoy no presupone tranquilidad y buena vida. Antes, al contrario, en algunos casos, ser juez puede perjudicar gravemente la salud.
