Algunos servicios secretos europeos han venido interviniendo las comunicaciones entre abogados y clientes en países como Reino Unido, Francia, Italia, República Checa, Letonia y Holanda. El Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) hizo público un comunicado denunciando que se está produciendo una violación de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
Existen pruebas, y por tanto constancia de que esta conducta se ha repetido en varios estados de la Unión Europea, según el Consejo de la Abogacía Europa.
La CCBE es la asociación de colegios de abogados de 31 países de Europa (comprende los 28 países que conforman la Unión Europea más los del Espacio Económico Europeo y Suiza). Representa a más de un millón de abogados del Viejo Continente en sus relaciones con las instituciones de la Unión y ante otras organizaciones internacionales.
La noticia emergió durante un acalorado debate en el Pleno del Parlamento Europeo, con sede en Estrasburgo, en el que tomaron parte de forma muy especial la comisaria de Justicia, Vera Jourova, y la secretaria de Estado para Asuntos Europeos de Letonia, Kalnina-Lukasevica.
Para la CCBE esto supone una violación de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. La comisaria Jourova expresó su preocupación y ha prometido seguir de manera cercana los desarrollos sobre este tema, así como la implementación de la Directiva 2013/48/UE de acceso a un abogado, que precisamente garantiza la confidencialidad de las comunicaciones entre un acusado y su abogado.
La existencia de escuchas vieron la luz después de que el ministro del Interior holandés, Ronald Plasterk, reconociera que el Servicio General de Seguridad e Inteligencia (AVID), había estado pinchando las comunicaciones del bufete Prakken d’Oliveira, con sede en Amsterdam.
Plasterk se justificó afirmando que lo habían hecho porque algunos de sus clientes eran sospechosos de terrorismo. Esta fue su respuesta a la queja oficial que había presentado el bufete ante el Gobierno tras tener conocimiento de ello.
La queja provocó que el Comité Supervisor sobre los Servicios de Seguridad e Inteligencia de Holanda, llevara a cabo una investigación sobre los pinchazos al bufete.
La conclusión a la que llegaron fue que los pinchazos eran injustificados: “Comprende comunicaciones que no pueden ser evidentemente consideradas relevantes para ninguna investigación del AIVD. Esto es contrario a los estándares de una conducta apropiada”.
La Abogacía Europea apoya la iniciativa de varios europarlamentarios de que estos casos sean investigados y juzgados, llegando incluso al establecimiento de un Habeas Corpus digital, que proteja a los ciudadanos en esta era tecnológica.
