El Ministerio de Justicia se halla ante un dilema: renovar o no renovar a 10 de los 20 secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional. Es un equipo conjuntado, poseedor de una experiencia y un conocimiento que hace que las cosas se hagan fáciles. ¿Es, de verdad, necesario el cambio?
Las Secretarías de Gobierno en liza son los de los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla-León, Cataluña, Ceuta, Extremadura, Murcia y la Audiencia Nacional, actualmente ocupadas por Santiago Sanz, Raquel Martínez, María Dulce Capo, Luis Gabriel Cabria, Ildefonso Ferrero, Antonia Amigo, María Josefa Vilar, Isabel María Collado, Javier Parra y Luis Martín.
Todos ellos, salvo Santiago Sanz, actual titular de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón, han solicitado la renovación, cuyo periodo de solicitud terminó el pasado 26 de diciembre. Sanz ha renunciado a la continuidad por falta de afinidad con el consejero de Justicia, Carlos Bermúdez de Castro.
Aunque el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales dice que “los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia serán nombrados libremente por el Ministerio de Justicia”, son preceptivas dos cosas: el informe favorable de la Sala de Gobierno del TSJ respectivo y la propuesta de la Consejería de Justicia de la Comunidad Autónoma que haya recibido las competencias en materia de justicia.
Es, por lo tanto, un cargo de libre designación que, aunque depende en última instancia del titular de la cartera, Rafael Catalá, su superior jerárquico es el secretario general de la Administración de Justicia, puesto que ocupa Antonio Dorado, secretario judicial de carrera, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial y ex presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ).
“El Ministerio es el que decide en última instancia”, explican fuentes del secretariado judicial. “Pero Juan Fernando López Aguilar [ministro de Justicia del PSOE entre 2004 y 2007] introdujo una costumbre. Dijo que aunque esa es la facultad que me da el Reglamento yo voy a elegir al que me proponga la Comunidad Autónoma, previo informe. Eso es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. La propuesta es de la Comunidad Autónoma y el nombramiento del Ministerio”.
De todos ellos sólo existe una excepción: el secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional, que, como el del Tribunal Supremo, es nombrado por la Sala de Gobierno.
“En estos momentos existe la impresión de que se va a producir una importante ‘movida’”, revelan las citadas fuentes. “Se ha corrido la voz de que la mayor parte de los secretarios de Gobierno van a cambiar porque llevan más de diez años en el cargo. Un requisito que es inexistente en el Reglamento. ¿Razones? Las desconocemos. Lo que sí sabemos es que muchos de ellos han acumulado una experiencia muy importante, tienen todavía mucha cuerda y han acumulado gran autonomía”.
La pertenencia a unas y otras asociaciones de los actuales secretarios de Gobierno es hetereogénea. Seis están afiliados al CNJS, tres a la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) y uno a ambas organizaciones. Todos han cumplido ya dos mandatos de cinco años, salvo el de la AN, Luis Martín, y el del TSJ de Cantabria, Luis Gabriel Cabria, que llevan uno solo.
Luis Miguel García, secretario general de la UPSJ, reconoce el gran trabajo que han realizado los secretarios de Gobierno y confía en que el procedimiento de elección no sea oscurecido por nada. “Confío plenamente en la independencia del secretario general, Antonio Dorado”, declaró.
Todos esperan que los equilibrios actuales permanezcan.
Antonio Dorado, por su parte, afirma que “el Ministerio tiene las manos atadas. Sólo tenemos libertad para nombrar secretarios de Gobierno en tres sitios: Murcia, Castilla-León y Extremadura. El resto estamos a lo que nos propongan las Comunidades Autónomas porque las propuestas entendemos que son vinculantes. Desde el Ministerio somos muy conscientes del gran caudal de experiencia acumulado por los profesionales que han venido ocupando ese puesto con gran éxito y lo vamos a tener muy en cuenta”.
La decisión final tendrá lugar entre finales de febrero y principios de marzo.
La propuesta de nombramiento, por parte de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, también tiene su cruz: el cese de los secretarios de gobierno.
Ha sucedido en dos ocasiones, una en 2006, bajo el Gobierno socialista y siendo ministro López Aguilar, se cesó al entonces secretario de gobierno del TSJ de Galicia, Francisco Javier Rubio Delgado, a propuesta de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia, entonces bajo control de la coalición PSG-BNG.
La segunda, en 2012, bajo el Gobierno del Partido Popular. El entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, destituyó fulminantemente al entonces secretario de Gobierno del TSJ de la Comunidad Valenciana, Jesús Olarte Madero.
Entre las funciones de los secretarios de Gobierno se encuentran la inspección de los servicios que sean de su responsabilidad, la incoación de expedientes disciplinarios, proponer al Ministerio el nombramiento de los secretarios coordinadores provinciales, proponer el nombramiento y cese de los secretarios judiciales de libre designación, el control y seguimiento estadístico, la impartición de instrucción a los secretarios judiciales, conceder permisos, licencias y vacaciones, entre otros.
Estos son, de hecho, los ojos y los oídos del Ministerio de Justicia en cada uno de los Tribunales Superiores de Justicia; la mayor parte de la información pasa por sus manos.
La Administración del Gobierno Zapatero hizo de los secretarios judiciales la piedra angular de las reformas que llevó a cabo en materia de justicia. Y que se han ido consolidando en estos últimos años.
