La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial estudiará hoy martes la petición de amparo solicitada por los 3 jueces de la Audiencia Nacional que denuncian la injerencia de algunos políticos en su labor jurisdiccional tras la excarcelación de dos presos etarras. Seis vocales progresistas del CGPJ apoyan esa petición.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará hoy la petición de amparo de los jueces de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez, acusan a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, de pretender «perturbar» su «independencia». Y recuerdan que «un límite a la libertad de expresión es la imputación gratuita de actos delictivos».
La Permanente deberá decidir si admite o no a trámite la queja de los magistrados de la Audiencia Nacional, antes de comenzar un proceso que concluye en dar la protección requerida o denegarla.
Seis vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han pedido que a la citada Comisión que «ponga fin a las injerencias por parte del poder ejecutivo que perturban la independencia» de los jueces de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que excarcelaron a los etarras Santiago Arrospide Sarasola, ‘Santi Potros’ y Alberto Plazaola.
En un escrito remitido el pasado jueves, los vocales Rafael Mozo, Roser Bach, María Concepción Sáez, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda califican de «graves» los hechos detallados por los magistrados, que han solicitado expresamente que el Consejo les ampare, e insisten en que esta institución debe otorgarles «apoyo inequívoco».
Los magistrados de la Audiencia Nacional excarcelaron el pasado 4 de diciembre a los etarras Santiago Arrospide Sarasola, ‘Santi Potros’ y Alberto Plazaola porque les redujeron el tiempo de condena que ya habían cumplido en Francia. Esto provocó diversas reacciones por parte de algunos miembros del Gobierno y del Partido Popular, lo que levó a los citados magistrados a solicitar el amparo del CGPJ mediante un escrito.
En ese escrito, los tres magistrados de la Audiencia Nacional apuntan que «sugerir que un tribunal dicta resoluciones injustas deliberadamente para imponer su propia voluntad al margen de la ley es atribuir la comisión de un delito de prevaricación».
«Cuando la imputación se realiza desde el Gobierno o por un portavoz autorizado en el Parlamento se puede estar cuestionando la propia de separación de poderes que se establece en garantía de la independencia judicial», señalan los firmantes antes de añadir que este principio se adoptó para que jueces y tribunales no fueran «inquietados ni perturbados por las indicaciones y presiones de los otros poderes del Estado», señala el escrito.
Por ello trasladan «respetuosamente» al Consejo que las «reiteradas imputaciones, que proceden de autoridades de las instituciones del Estado», perturban su «independencia, necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado atendiendo exclusivamente a la Constitución y la ley».
Del mismo modo, apuntan que «la confianza de la sociedad en el buen funcionamiento de la justicia es una de las bases esenciales del Estado de Derecho», tal y como ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos «de manera reiterada» al abordar los límites a la libertad de expresión. «De ahí que la información y la emisión de opiniones sobre las decisiones de jueces y tribunales no deban de minar gratuitamente esa confianza», agregan.
