El Ministerio de Justicia suprimirá unas tasas y reducirá considerablemente otras, principalmente las de apelación y casación, según ha podido saber Confilegal de fuentes bien informadas.
“Catalá es sensible a la resistencia existente contra las tasas entre la sociedad y entre la Abogacía, por eso va a reducirlas de forma considerable, en especial en primera instancia y apelación. Es posible que alguna desaparezca. También es posible que aumenten las que tienen que pagar las grandes compañías, pero todavía está por determinarse cuáles y en qué cuantía”, explicaron las mismas fuentes.
Cuando tomó posesión Rafael Catalá, como ministro de Justicia, declaró que revisaría las tasas para comprobar si su efecto había sido tan negativo como la Abogacía y otros colectivos argumentaban.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, está en, en estos momentos, en tratos con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y con otros operadores jurídicos directamente afectados. “Estamos en negociación con el Ministerio. No hay nada cerrado todavía”, explicaron fuentes de la CGAE, que representa a 250.000 profesionales, 150.000 abogados ejercientes y 100.000 no ejercientes.
La Abogacía, presidida por Carlos Carnicer, ha sido muy crítica con las tasas introducidas por Alberto Ruiz Gallardón en 2012, y ha hecho campaña activa por su supresión.
“La decisión está tomada. La clave está en cómo justificarlo ante la sociedad. Y no es difícil: aquella decisión se tomó en tiempo de crisis, crisis que estamos superando. Ahora se puede hacer”, añadieron las mismas fuentes. Es muy importante salvar la cara, en especial en estos momentos de elecciones.
Gallardón extendió las tasas a todas las jurisdicciones, menos la penal. Dos meses después de entrar en vigor, en 2013, llevó a cabo una reforma, reduciendo las cuantías establecidas, claramente excesivas.
El Tribunal Constitucional admitió después un recurso del PSOE contra la ley de tasas con la argumentación de que vulnera varios derechos fundamentales, entre ellos el de la tutela judicial efectiva.
No está todavía claro cómo se llevará a cabo. Puede hacerse de tres formas diferentes: mediante un proyecto de ley, que tendría que pasar por el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y la Fiscalía y que podría hacerse por el trámite de urgencia, a través de una proposición de ley, que presentaría el Partido Popular directamente en el Congreso, o por medio de un Real Decreto Ley, la forma más directa, que sería aprobado por el Consejo de Ministros y que se publicaría en el BOE, con lo que tendría efectos inmediatos.
El Real Decreto Ley no evita al Parlamento, puesto que tiene que ser aprobado después por ambas cámaras, pero su eficacia es directa.
La reforma de la Ley de Tasas de 2013 se hizo por esta vía.
