La Sala Primera del Tribunal Supremo tumbó la demanda de paternidad contra el Rey Don Juan Carlos porque Albert Solá, el demandante, no aportó pruebas y ocultó datos de forma voluntaria, según una nota aclarativa hecha pública por el Alto Tribunal.
“La resolución analiza minuciosamente los documentos aportados y considera que no se aporta lo que se dice que se aporta (prueba de ADN), que se ocultan datos voluntariamente, que no se aportan documentos que deberían existir según los hechos de la demanda y que numerosas alegaciones contenidas en la demanda carecen de soporte documental alguno”, dice la nota elaborada por la Sala Primera.
“Tras este exhaustivo análisis concluye que la demanda debe ser inadmitida por no aportar el principio de prueba exigido por la ley, interpretada según la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo y por no contener un relato de hechos mínimamente coherente y razonablemente verosímil”, añade.
El auto concluye literalmente «que la exigencia legal de un «principio de prueba» se justifica para evitar que precisamente en virtud de demandas como la aquí examinada, en la que lo aportado como tal principio de prueba resta verosimilitud a lo alegado, se inicien procesos que necesariamente afectan a la intimidad personal y familiar».
El Pleno de la Sala Primera notificó el miércoles el auto de inadmisión de lademanda de reclamación de la filiación paterna interpuesta por Albert Solà Jiménez contra Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón Dos Sicilias. Esta demanda fue inadmitida previamente en atención a la inviolabilidad del demandado por auto del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid.
Contra ese auto se interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, la cual remitió las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo porque el Rey don Juan Carlos estaba aforado, según la Ley Orgánica 4/2014 de 11 de julio, aprobada por su abdicación.
Solá, nacido en Barcelona en 1956 y criado en una familia adoptiva, defiende que el rey Juan Carlos mantuvo una relación con su madre biológica, Anna Maria Bach Ramon, antes de ser proclamado jefe del Estado. Su abogado mantenía que la inviolabilidad no ampara las conductas privadas que realizó cuando todavía no era jefe del Estado, según su demanda.
Francisco Marín Castán, presidente de la Sala de lo Civil, fue el ponente de este auto, en el que se dice que la citada Ley Orgánica no impide las acciones civiles contra el Rey don Juan Carlos ya abdicado.
La Sala no facilitó el texto íntegro de la resolución porque contenía datos que podrían afectar a la intimidad personal y familiar del demandante, Albert Solá.
