El grupo progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) finalmente se partió en dos después de que dos de sus ocho miembros se desmarcaran de la propuesta de la mayoría de cambiarlos por otros dos miembros en la Comisión Permanente, el máximo órgano decisorio entre Plenos del CGPJ.
Los dos «disidentes», y miembros de la Comisión Permanente, son la magistrada de Jueces para la Democracia, Mar Cabrejas, y el abogado socialista Álvaro Cuesta. Los cinco vocales que forman parte de dicha Comisión son los únicos que gozan de dedicacion exclusiva dentro del órgano de gobierno de los jueces.
Según un escrito al que ha tenido acceso Confilegal, suscrito por los vocales propuestos por el PSOE, Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Martínez Careaga, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda y la vocal sugerida por IU Concepción Sáez, critica que el Pleno del CGPJ solo ha cubierto el puesto vacante por la «renuncia forzada» de Mercé Pigem -de CiU– por la conservadora Nuria Díaz Abad en la Permanente.
«La mayoría conservadora (más los dos miembros del sector progresista –Mar Cabrejas y Álvaro Cuesta- que ya pertenecían y continúan en la Comisión Permanente) del Consejo General del Poder Judicial, ha votado en el Pleno del día de hoy la propuesta personal del Presidente y ha decidido NO RENOVAR la composición de dicha Comisión, contraviniendo así abiertamente el mandato legal contenido en el artículo 601 de la LOPJ que de manera imperativa impone su renovación anual para garantizar tanto la efectiva participación de todos sus miembros en el ejercicio del gobierno como la pluralidad del órgano».
Contra esta decisión han votado 6 vocales progresistas del CGPJ y Enrique Lucas, propuesto por el PNV.
Los vocales progresistas insisten en que «con este acuerdo se incumple de forma flagrante la letra y el espíritu de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su artículo 601 señala de forma imperativa que ‘El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente a los Vocales integrantes de la Comisión Permanente’”.
«La renovación de la Comisión Permanente que impone la Ley viene determinada por la necesidad de fomentar la pluralidad y la intervención de todos los vocales en la gestión del Consejo General del Poder Judicial», insisten en su comunicado.
La decisión adoptada hoy «sortea sin sonrojo la letra y el espíritu de una Ley que dejó claramente establecido que el nuevo modelo de Consejo no debía ser presidencialista y que la participación de todos los vocales en la Comisión Permanente quedaría asegurada por su renovación anual», critican.
Además, los citados vocales muestran su preocpación «por el hecho de que la exigencia por parte de los vocales progresistas del cumplimiento de la Ley en los términos expuestos, haya podido determinar que se hayan anulado las posibilidades de nombramiento de candidatos para determinados cargos judiciales defendidos por este grupo en el Pleno».
