La Fundación Abogacía Española ha pedido el tercer grado para los presos españoles condenados en Ecuador por tráfico de drogas a pequeña escala, que ya deberían estar en libertad, tras la aprobación por parte de Ecuador, en agosto pasado, de una reforma penal que modula la condena en función de la cantidad de droga portada en el momento de la detención.
Los abogados de los Servicios de Orientación y Atención Jurídica Penitenciaria y letrados voluntarios de los Colegios de Abogados, coordinados por la Fundación Abogacía Española, están asesorando a presos españoles condenados en Ecuador por tráfico de drogas a pequeña escala para que soliciten el tercer grado, ya que habrían extinguido sus condenas tras una reforma penal aprobada por el gobierno ecuatoriano.
Esta clasificación en régimen abierto les permitiría un cierto grado de libertad, en tanto los jueces ecuatorianos revisan sus condenas de acuerdo al nuevo Código Orgánico Integral Penal de agosto de 2014, que modula las penas por tráfico de estupefacientes en función del peso y tipo de droga portados en el momento de la detención.
Cerca de cien españoles juzgados en Ecuador pero que cumplen sus condenas en centros penitenciaros españoles podrían verse afectados por esta reforma que rebaja sustancialmente sus penas. La mitad de ellos, tendría ya extinguida la condena.
La Fundación Abogacía Española solicitó a primeros de enero al gobierno ecuatoriano que agilizara los trámites para su excarcelación y, en tanto se resuelve el procedimiento, ha iniciado una campaña informativa y de asesoramiento para que los presos internados en centros penitenciarios españoles puedan acceder al régimen abierto.
Además, el presidente de la Fundación y del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, ha solicitado al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, que promueva esta posibilidad de clasificación de grado más favorable a los internos, ya que evitaría la privación de libertad a quien la ley reconoce que ya ha cumplido la pena por el delito cometido.
Por eso, mientras Ecuador resuelve los trámites para la revisión de sus condenas de acuerdo al nuevo Código Orgánico Integral Penal, abogados y abogadas de los Servicios de Orientación y Atención Jurídica Penitenciaria de los Colegios de Abogados, y otros voluntarios, están asesorando a estos internos para que puedan acceder al régimen abierto.
