La asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el reparto político del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el nombramiento de su presidente, Carlos Lesmes.
La asociación ha recurrido la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que el pasado 16 de diciembre desestimó su demanda al entender que la designación de Carlos Lesmes por la «voluntad libre» de los vocales no puede ponerse en duda a causa de una «teórica existencia de tratos políticos previos».
Decisión que no comparten desde la Francisco de Vitoria y por eso han acudido ahora al Constitucional al entender que el «cambalache» político en torno a la designación de los vocales de la última renovación del Consejo, a raíz de la nueva ley impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón, vulnera «claramente» la doctrina del Alto Tribunal.
El Tribunal Constitucional en la STC 108/1986 ha señalado que el CGPJ no puede ocupar una posición subordinada al resto de poderes del Estado. Sin embargo, desde la Francisco de Vitoria entienden que esta doctrina «ha sido claramente vulnerada en el proceso de configuración del actual Consejo General del Poder Judicial y en el nombramiento de su Presidente, que conocíamos en virtud del acuerdo alcanzado entre los líderes de los dos partidos políticos mayoritarios incluso antes de que fueran nombrados los Vocales a quienes correspondería tomar esa decisión».
Y sostienen que «las conversaciones respecto del nombre del Presidente -publicadas por distintos medios de comunicación- y el posterior nombramiento del acordado ponen de manifiesto inexorablemente esta posición subordinada, como lo ha entendido toda la sociedad española, sin que, a pesar de la gravedad de estos hechos se haya negado por sus responsables».
En su recurso ante el Contitucional, la Asociación judicial insiste en que «es absolutamente imposible según las reglas del criterio humano, que el nombre del presidente de un órgano, elegible entre cientos, se conozca antes de conocerse el nombre de quienes van a formar el órgano que lo debe elegir».
Para la Francisco de Vitoria «una verdadera democracia no se concibe sin auténtica separación de poderes; y la misma no queda garantizada si la composición del órgano de gobierno del Poder Judicial se limita a un reparto de cuotas entre partidos políticos sin tener en cuenta el mérito, la capacidad y la idoneidad de los nombrados».
Por eso indican que «este riesgo fue su día advertido por el Tribunal Constitucional en la citada Sentencia 108/86 y por ello entendemos que ahora, repartidas las Vocalías del actual Consejo cual porciones de tarta entre los diferentes partidos políticos, y constatado que los Vocales nombrados se han limitado a cumplir obedientemente las consignas recibidas para el nombramiento del Presidente que había sido decidido en otras instancias«. El CGPJ, según esta asociación, no puede ser una tarta que se repartan los partidos políticos.
La Francisco de Vitoria insiste que «el Tribunal Constitucional tiene una ocasión inmejorable para declarar contraria a Derecho esta manera de proceder y restablecer así la posición constitucional del Consejo General del Poder Judicial, cuyo progresivo desprestigio a lo largo del tiempo viene motivado en gran medida por una forma de nombramiento de sus Vocales que impiden que el órgano pueda dar adecuado cumplimiento de su más relevante función constitucional: defender la independencia de los jueces».
Además, inciden en que «es necesario modificar el actual sistema de elección política de los vocales del CGPJ que tanto daño está haciendo, no ya a la institución -herida de muerte-, sino a los propios jueces y magistrados de este país, a pesar de que nada tienen que ver con esta indeseada situación; y también afecta, por supuesto, a los propios ciudadanos que no tienen porqué tolerar semejante perversión de sus instituciones», concluyen.
