Jueces para la Democracia (JpD) ha solicitado aplazar el acto de conciliación por la demanda que interpusieron contra el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, por «la grave sobrecarga de trabajo que afecta a los Juzgados» y la falta de medios en las causas de corrupción. Quieren ampliar la demanda también a los gobiernos autónomos con competencias en justicia.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional admitió a trámite el pasado 1 de diciembre la demanda presentada por la Asociación Jueces para la Democracia (JpD) contra el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante «la grave sobrecarga de trabajo que afecta a los Juzgados» y la falta de medios en las causas por delitos relacionados con la corrupción.
La Sala también admitó las pruebas propuestas por la organización y ha citado como testigos a la magistrada del Tribunal Supremo y antigua vocal del CGPJ Margarita Robles, el magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Carlos Hugo Preciado, la magistrada decana de Lanzarote, Gloria Poyatos, y el juez de violencia de género de Madrid y miembro de JpD Javier Martínez Derqui.
JpD presentó la demanda, sin precedentes hasta el momento, el pasado 13 de noviembre e incluyó como partes interesadas al resto de asociaciones judiciales. Denuncia que más de la mitad de los juzgados sobrepasan en un 150 por ciento la carga de trabajo que fue fijada por el CGPJ y recordaba el caso del juez de lo Social de Madrid Ángel Luis del Olmo, que falleció en julio de 2013 en su despacho como consecuencia de un infarto.
La demanda se han extendido a los gobiernos con competencias de Justicia transferida, que son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja, según fuentes judiciales. Estas autonomías tienen la responsabilidad de aportar los funcionarios y los recursos materiales necesarios para que los juzgados estén en óptimas condiciones. En el resto de territorios, esta competencia es responsabilidad del Ministerio de Justicia.
En su demanada inicial, Jueces para la Democracia denunció en la Inspección de Trabajo que Del Olmo falleció en su lugar de trabajo en julio de 2013 afectado por una carga de trabajo del 206 por ciento en relación con los módulos fijados por el CGPJ, el día de su fallecimiento tenían señalados 19 juicios y solía permanecer en el despacho hasta las 10 de la noche.
A pesar del transcurso de los años, la asociación lamenta que el Ministerio de Justicia y el CGPJ han «incumplido» sus obligaciones y el colectivo judicial como empleados públicos están en la «más absoluta desprotección». Por ello, solicita que se declare la obligación de ambos órganos de acometer dichas actuaciones y adoptar medidas de protección adecuadas a los módulos de productividad aprobados en enero de 2013.
