El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite la querella de Fiscalía Anticorrupción contra el expresidente de la Generalitat valenciana y diputado ‘popular’ en las Corts, Francisco Camps, por presunta malversación y prevaricación en la compra de Valmor Sports en el marco de la Fórmula 1,
Así mismo, la querella también se dirige contra la exconsellera, ex secretaria autonómica de comunicación del Consell y exdirectora de Televisión Valenciana, Lola Jonhson, y el expiloto Jorge Martínez Aspar.
El fiscal centró su querella en Camps al entender que negoció «directamente» con el magnate de la F-1 Bernie Ecclestone los contratos para la celebración del GP en el circuito urbano de Valencia; que fue quien ordenó que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en al Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011; y quien ordenó a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa.
El tribunal valenciano estima que la sala de lo Civil y Penal es la competente para investigar estos hechos, puesto que está presuntamente implicado una persona aforada, Francisco Camps, quien ya fue juzgado en el TSJCV ante un jurado popular por la ‘causa de los trajes’ dentro del ‘caso Gürtel’ y fue finalmente absuelto.
El TSJCV entiende en este caso que se debe investigar la compra de Valmor «para determinar la concurrencia o no del comportamiento delictivo» y acota la instrucción al momento temporal que indica el ministerio público, es decir, desde abril de 2006 hasta el 19 de julio de 2011. Se designará a un instructor para tramitar el procedimiento.
En resumen, el tribunal admite la querella ante la «posibilidad razonable» de que los hechos narrados por el fiscal hayan ocurrido con la participación de Camps; y de que tales hechos puedan ser subsumidos, al menos indiciariamente y sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, en los delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos.(EP)
