El PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que entró en vigor el pasado 1 de enero al considerar que esta norma vulnera varios aspectos de la Carta Magna.
El secretario general socialista, Pedro Sánchez, y su responsable de Cultura, Iban García del Blanco, han registrado el recurso acompañados de un numeroso grupo de representantes de las entidades de gestión de los derechos de autor.
En declaraciones a los periodistas ante la sede del TC, Sánchez ha destacado que la primera vez que acude al tribunal para presentar un recurso haya sido en apoyo del sector de la cultura.
«La cultura en España no representa un problema, como intenta hacer ver el Gobierno del PP, es una de las soluciones. Emplea a 400.000 personas y es sinónimo también de riqueza económica y espiritual y, en consecuencia, el PSOE siempre estará con el sector de la cultura», ha garantizado el lider socialista.
Los socialistas calculan unos pocos meses para saber si el recurso sigue adelante. La sentencia llegaría, eso sí, en un par de años.
La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que fue aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados el pasado 30 de octubre con los votos del grupo popular y duras críticas por parte de la oposición, establece en su texto el plazo de un año para que el Gobierno acometa una reforma integral de la propiedad intelectual.
El PSOE considera contrario a la Constitución que el pago de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que mantiene la reforma, no prevea unos criterios para fijar esa compensación, sino que se deje a la arbitrariedad del Ejecutivo.
También creen los socialistas que es contraria a la Constitución la disposición que obliga a las entidades de gestión a asociarse para crear una ventanilla única en la que se tramite el pago de los derechos de propiedad intelectual. Para el secretario de Cultura del PSOE el derecho de asociación que protege la Carta Magna es en defensa de los intereses de los asociados «pero nadie te puede obligar a hacerlo».
El PSOE estudia también el ajuste a la Constitución de otra disposición de la ley como es la remisión a un laudo obligatorio para solucionar las diferencias en materia de tarifas entre usuarios y entidades de gestión aunque todavía no ha decidido si irá finalmente en el recurso.
