El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha acordado admitir la demanda de reclamación de paternidad de la ciudadana belga Ingrid Jeanne Sartiau contra el Rey Juan Carlos.
El auto, del que es ponente el magistrado José Ramón Ferrándiz, considera que la Sala es competente para abordar el caso. En el mismo, Ferrándiz valora que, dado el momento procesal, sin haber dado audiencia al demandado y teniendo en cuenta que los hechos tuvieron lugar antes de su proclamación como Rey, “la inviolabilidad no debe impedir la admisión a trámite de la demanda”.
Tras analizar la prueba aportada con la demanda, consistente en acta notarial de la madre de la demandante sobre las circunstancias de la relación esporádica que produjo la concepción y los contactos con personas de las que se dice son parientes del demandado, el auto afirma que si bien tales medios de prueba serían “insuficientes para la estimación de la demanda”, sin embargo, conforme a la jurisprudencia anteriormente expuesta, constituyen un principio de prueba bastante para la admisión a trámite de la demanda.
En el análisis de la exigencia de aportar con la demanda un principio de prueba, se expone la doctrina de la Sala Primera, que interpreta el artículo 767.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el sentido de que establece un requisito de prodecibilidad destinado a preservar la seriedad de este tipo de procesos que contribuya a “conferir al sustento fáctico de la petición, credibilidad y verosimilitud, aunque luego no prospere la demanda”.
El 4 de septiembre el Juzgado de Primera Instancia número 90 aceptó la demanda pero la remitió al Supremo por la condición de aforado de Juan Carlos I. Ahora el Alto Tribunal es quien toma la decisión.
