Después de tomar parte en el Consejo de Ministros y comparecer ante los medios de comunicación en la rueda de prensa, el ministro de Justicia, Rafael Catalá se trasladó a la sede del Consejo General de la Abogacía, en el madrileño Paseo de Recoletos, para explicar a los representantes de los abogados las reformas que vienen. Las tasas estarán en la línea de las de 2003.
El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), con su presidente Carlos Carnicer, estaba visiblemente encantado. A ninguno de los presentes se les escapaba aquel gesto que, en el mediodía del viernes, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, estaba llevando a cabo. El jefe de este «ramo», tras una mañana maratoniana en Moncloa, había querido tener esa reunión con la organización que representa a los 150.000 hombres y mujeres que representan a los ciudadanos ante la Justicia.
Alguno se preguntaba si su predecesor, Alberto Ruiz Gallardón, habría sido capaz de un gesto parecido. La respuesta fue la misma: nunca.
El talante de Catalá se prometía diferente y lo ha sido.
Durante la reunión, en la que destacó la proximidad y el entendimiento con la Abogacía y su apuesta sincera por el diálogo en los diferentes proyectos, el ministro no eludió ningún escollo, incluyendo el de las tasas judiciales.
Catalá aseguró que en «dos o tres semanas» se adoptarán las medidas normativas para una revisión que supondrá una aproximación a los planteamientos de la Abogacía y que serán más beneficiosas para los ciudadanos que en la situación actual.
El ministro, al parecer, busca una propuesta que sería más coherente con la legislación existente en 2003 que con la actual, lo que se traduciría -caso de materializarse- en la supresión de las tasas para las personas físicas. Faltaría por definir lo que pasa con las pymes y si se aplicaría también a la apelación y a la casación.
Pero estaría muy en la línea con lo publicado por Confilegal hace una semana.
Sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), Catalá ha analizado las mejoras en su tramitación, sobre todo en relación a la intervención judicial en las escuchas de las comunicaciones y la necesidad de la asistencia de letrado en la toma de pruebas de ADN. La apuesta del ministro es mejorar y perfilar la LECrim para que no haya motivos de inconstitucionalidad.
En relación al Código Penal, que se encuentra en tramitación en el Senado, el ministro ha destacado la mejora de los tipos delictivos.
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Por lo que respecta a la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que entrará en breve a debate parlamentario, se potenciará el principio de alternatividad, para que los ciudadanos tengan más opciones de elección.
Y sobre la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, Catalá ha asegurado que el proyecto de ley se está revisando sustancialmente, en base al principio de colaboración y leal confianza con los Colegios de Abogados que prestan el servicio.
En próximas fechas la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados abordará el nuevo proyecto para buscar una fórmula razonable y equilibrada que ofrezca soluciones a las discrepancias existentes actualmente.
Por último, en lo que respecta al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, Catalá ha reconocido que esta norma no está descartada, pero que no se encuentra entre las prioridades del Consejo de Ministros.
