Joaquín Giménez: «La política criminal de un Estado no está en el Código Penal»
Si hay un rasgo definitorio en el carácter de Joaquín Giménez García (Alicante, 1945) es su sentido del humor. Puede ver, con facilidad, el lado divertido de cada cosa, y, cuando llega ese momento, no reprime ni las risas ni las sonrisas. Con él la comunicación es muy facil. Porque, además, llama a las cosas por su nombre. Sin rodeos. A palo seco.
TEXTO E IMÁGENES: CARLOS BERBELL Y YOLANDA RODRÍGUEZ
Joaquín Giménez es magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde 1998. Veinticuatro años antes, en 1974, se convirtió en juez por oposicion. Su primer destino fue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real (1975-76), desde donde pasó como titular del número 1 de Cangas de Onís (1977-78). Entre 1984 y 1998 estuvo en el País Vasco, donde conoció muy bien el fenómeno del terrorismo. Entre 1984 y 1986 fue magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Bilbao), desde 1986 a 1991 pasó a la Audiencia Provincial de Guipuzcoa, también como magistrado. Y entre 1991 y 1998 fue presidente de ese órgano judicial.
A Joaquín Giménez no le gustan las etiquetas ideológicas, «porque aquí todos respetamos y aplicamos la ley», pero si hubiera que ubicarle en alguna parte del espectro ese sería, sin duda alguna, el progresista.
La entrevista se desarrolla en su despacho del Tribunal Supremo, en el cuarto piso que se levantó con la última reforma del Alto Tribunal. Un despacho de madera oscura por cuya ventana entra una poderosa luz blanca de invierno madrileño. En sus labios se dibuja una sonrisa amable y sus ojos claros miran fíjamente a sus interlocutores como diciendo «disparen, estoy preparado». Y lo está.
¿Cómo valoraría, señor Giménez, la reforma del Código Penal que se ha aprobado recientemente en el Congreso?
No la he leído en profundidad. Desde mi punto de vista, hay que tener bastante más respeto al Código Penal de lo que se le tiene en clave política. El Código Penal es la ley más importante que hay en cualquier país, después de la Constitución. El anterior Código es de 1995. De no hace mucho. Hay que entender que el Código Penal no es el Reglamento de Circulación, que se puede cambiar a menudo.
La política criminal de un Estado no está en el Código Penal. Hay que tener un poco de respeto. Tenemos un índice de comisión delictiva de los más bajos de Europa y una de las poblaciones penitenciarias más altas. Esto no se corresponde.
En España tenemos uno de los periodos de prisión más largos de la Unión Europea. ¡Claro que en la Unión Europea existe la prisión permanente revisable! Sin embargo nadie dice que en esos países el plazo máximo de internamiento oscila entre los 20 o 25 años. Aquí, en el proyecto de Código Penal, la primera revisión de condena se sitúa en los 35 años. Eso es una pena inhumana.
Estamos en época electoral y hay a algunos casos muy sangrantes como el terrorismo, los asesinatos, las agresiones sexuales… Eso influye en la opinión pública, que es la que vota al final.
La política criminal de un Gobierno ni se puede hacer a golpe de Código Penal ni a golpe de impulso. Tampoco concediendo la portavocía de esa política criminal a las víctimas. De ninguna manera. Es el gobierno de la Nación el que tiene que atender al bien común. Y ese bien común no está monopolizado, exclusivamente, por las víctimas ni del terrorismo ni de la delincuencia sexual. La sociedad no está compuesta solamente de víctimas.
Las víctimas han pasado de un olvido, de una marginación -y esto es absolutamente cierto- a una sobreactuación que es un poco desacompasada. Yo nunca haré una crítica del posicionamiento de las víctimas porque hay que entender su dolor.
«TENEMOS UN ÍNDICE DE COMISIÓN DELICTIVA DE LOS MÁS BAJOS DE EUROPA Y UNA DE LAS POBLACIONES PENITENCIARIAS MÁS ALTAS»
[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»28231″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»291″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]
¿Nos está diciendo que no se puede utilizar el Código Penal para ganar votos?
Si tenemos las penas de prisión más largas. Si tenemos una población penitenciaria entre las más numerosas de la Unión Europea. Y, paradójicamente, tenemos una delincuencia que ha bajado… Pues parece ser que se tenía que haber actuado de otra manera.
Estamos ante un sistema reactivo. Y esto significa que haya que subir las penas de prisión. Hacen falta más policías. Hacen falta más jueces. Hay que hacer las cárceles más grandes. Y esto conduce necesariamente a que haya más gente en la cárcel. Es como la pescadilla que se muerde la cola.
Usted, en una ocasión, declaró que los magistrados no eran “monaguillos del poder”, ¿sigue pensando lo mismo?
Es que no somos monaguillos del poder. Efectivamente. Cuando tú oyes cantos al poder judicial, a la independencia judicial, realizados por un político, tienes que entender que ese mismo político no tardaría ni dos minutos en decir que somos algo así como prevaricadores ante una resolución con la que no está conforme. Esto quiere decir que el poder judicial tiene un discurso propio, que es el discurso de la Ley. De la Ley con mayúsculas. Y la Ley con mayúsculas no es el Código Penal.
La Ley con mayúsculas es la Constitución. Son los principios del Derecho Europeo… Por eso, las leyes hay que interpretarlas desde el principio de primacía del Derecho Europeo. Desde el principio de equivalencia de las resoluciones y desde el principio de aplicación de la doctrina española en consonancia con los principios del Derecho Europeo.
Con ello evitaríamos situaciones como las que se produjeron, recientemente, con la aplicación de la nueva normativa europea sobre acumulación de condenas cumplidas en otros países. ¡Se dijeron perlas cultivadas!
«LOS MAGISTRADOS NO SOMOS MONAGUILLOS DEL PODER»
[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»28233″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»300″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]
¿Le molesta mucho cuando desde el poder ejecutivo hacen declaraciones que son críticas con resoluciones del poder judicial?
A mí que sean críticas no me molestan. Pero cuando se trata de una descalificación, sí. Me molestan que descalifiquen aquello que no se entiende, que no comparten. No pueden decir que hacemos una interpretación arbitraria de la ley.
Hace poco hubo unas declaraciones del ministro del Interior en el diario La Razón y eso no fue crítica, fue una deslegitimación. Decir que los magistrados de la Audiencia Nacional, siguiendo una doctrina de esta Sala -de antes de la transposición de una normativa Europea-, era una algo así como una decisión prevaricadora, agotó nuestra paciencia como magistrados del Supremo. Si eso lo hace un funcionario ya estaría seguramente procesado por prevaricación.
Eso no es una crítica, eso es un insulto. Y derecho a insultar no hay. La crítica tiene que ser siempre fundada y, en este caso no lo era.
Estamos ante una realidad, como es la del Derecho Europeo, que es vinculante, Y hay que aplicar ese derecho por encima del nuestro, si es preciso.
Además, se entiende que existen unas reglas de juego y unas líneas rojas que los distintos poderes del Estado están obligados a respetar, ¿no es así?
Sí, pero aquí no hay cultura de la jurisdicción. La cultura de la jurisdicción tiene que ser el abc de cualquier político. Esto implica que el poder tiene que estar repartido entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. De estos tres poderes hay dos que pueden tener una unión muy sintomática –algo frecuente- que son el legislativo y el ejecutivo. Sin embargo, el poder judicial tienen que tener un discurso propio. Y moleste o no moleste, nosotros los jueces y magistrados no tenemos techo de cristal. Es que no tenemos techo.
Nosotros tenemos que actuar a la vista de las pruebas. Sin celeridad. Sin nervios. Aunque sean resoluciones que inquieten o que perjudiquen la dinámica de los que estén en el poder en ese momento.
Una de las cosas sobre la que usted ha sido muy crítico es con el no cumplimiento de la Ley 15/2003 que establecía el recurso de casación Penal aquí, en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional
Pues sí, en el 2003 no había crisis. Sin embargo no se implementó el Recurso de Apelación. Es sencillo, cuando no había crisis no interesaba, y cuando hay crisis tenemos la excusa.
Todo el mundo piensa que la Sala Segunda del Tribunal Supremo es la sala máxima de la jurisdicción penal y no se dan cuenta que el 75% de los delitos no llegan. Y no son palabras nuestras sino suyas….
Así es. En España, existen unas 80 salas. Los jueces de lo Penal tienen la competencia en aquellos asuntos de penas de prisión de hasta cinco años. Y tienen el correspondiente recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Ahí se termina el tema. Esto significa que dos tercios de los asuntos son competencia de los jueces de lo Penal. Además son los delitos más frecuentes: imprudencias, impago de pensiones alimenticias, hurtos, robos…
«ESTA SALA DE LO PENAL ESTÁ PARA DAR SEGURIDAD JURÍDICA Y EN ESTOS MOMENTOS NO LA DA»
[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»28234″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»296″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]
¿Eso significa que tenemos 52 “Supremitos”, tantos como Audiencias Provinciales?
No. Hay más. Usted está contando las Audiencias Provinciales. Yo estoy contando las secciones (tribunales) de las Audiencias Provinciales. Porque en muchas Audiencias hay varias secciones que no siempre siguen el mismo criterio. Por eso, existen reuniones entre los distintos presidentes de sección y de presidentes de Audiencias Provinciales. Para establecer algunos criterios. Esto se puede conseguir o no.
Es decir, que muchos de esos tribunales pueden fallar cosas contrarias en casos similares. ¿Y existe alguna solución a eso?
Claro. La solución es bien sencilla. Está en uno de los informes de esta Sala. Consistiría en la creación de un recurso en interés de Ley, con legitimación exclusivamente para el fiscal cuando encuentren resoluciones distintas. Bastaría con pronunciarse una vez sobre esos asuntos. Esa unificación haría que este Tribunal Supremo conociera de esas dos terceras partes del Código Penal de las que, ahora, solo conoce cuando esos delitos se producen cuando van unidos a otros en los que somos competentes, como una violación, a un asesinato… Son lo que llamamos aquí delitos conexos.
El sistema de recursos español es tremendamente defectuoso. Y eso hace que el principio de seguridad jurídica –que establece la Constitución- y el principio de igualdad ante la ley sean muy defectuosos.
Esta Sala de lo Penal está para dar seguridad jurídica y en estos momentos no la da. Dos tercios de los asuntos penales no nos llegan. Y en el tercio de los asuntos que nos llegan se produce un recurso de apelación encubierto. Tenemos que valorar la prueba.
Estamos cansados de decir que esta sala de casación no valora la prueba. Y eso supone que no es un recurso efectivo que valore la culpabilidad y la pena que establecen los Tratados Internacionales firmados por España. La casación no está para hacer justicia material. La casación está para dar seguridad jurídica e igualdad ante la Ley.
Para abordar la justicia material está la primera instancia y la segunda. Por todo ello, esta Sala no cumple la función jurisdiccional para la que está creada cualquier sala de casación que es dar seguridad jurídica.
¿Cree que el poder político, el Ejecutivo, podría tener la valentía de entregar –como ocurre en otros países- los medios materiales y los medios humanos para que se organicen ellos mismos como ya ocurre en otros países?
La verdad es que yo no veo eso de que los propios jueces administren el presupuesto de Justicia. En algunos países de Sudamérica es así, pero aquí, en Europa no se funciona así. Y yo tampoco lo entendería así.
Veo claro que el Consejo tenga su presupuesto, pero que asuma esas competencias no lo veo. Se corre el riesgo de crear otra supraestructura. Tengo que decir que la experiencia de que los medios materiales pasen a la Autonomías es muy positivo. Al menos en el País Vasco, que es lo que yo conozco. Ha habido una sensibilidad para dotar al poder judicial de los medios necesarios y los ha tenido antes que otras muchas Autonomías y esto es un dato objetivo.
Creo que descentralizar el tema del gasto ha sido positivo porque acerca la solución al problema. Si tienes que ir a pedir un teléfono al Ministerio de Justicia y estás en Cádiz, esto ralentiza mucho los tiempos por la lejanía. Hay que entender que en la Justicia no hay negocio. La solución de descentralizar, de transferir, como ya se ha hecho con doce Comunidades Autónomas, en principio no está mal.
El problema es que esto es que la Justicia es un caleidoscopio, un puzzle. El Poder Judicial es un poder estatal único y no descentralizado, los secretarios dependen del Ministerio, el personal y los medios materiales dependen de la Comunidades –cuando las competencias están transferidas- o no, coordinar todo esto es difícil. Si a esto, desde una perspectiva política le unimos que la respuesta que da el Poder Judicial en temas muy concretos “no es agradable al Príncipe…»
«ESTA SALA ES EL OSCURO OBJETO DEL DESEO DEL PODER POLÍTICO»
[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»28252″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»314″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]
En una reciente entrevista uno de nuestros entrevistados nos decía que ahora la derecha está utilizando una estrategia muy sutil, como nombrar a gente joven para el Tribunal Supremo. ¿Comparte esa afirmación?
El ejemplo está en esta Sala. Aquí siempre ha sido tradición nombrar a un fiscal. No hay ninguno procedente de una Cátedra. Son datos empíricos. Si nombras a unos magistrados con 45 o 50 años, ya puede cambiar todo pero ellos aquí están.
Esta Sala es el oscuro objeto del deseo del poder político. Cuando el poder político es el PP, lo tiene clarísimo. Cuando tiene los colores del PSOE, es lo mismo. Quizá estos últimos tienen un poco más de tacto. No sé.
Aunque lo cierto es que el poder no se comparte. El poder judicial, desde la perspectiva del poder político, tiene dos coordenadas. Primero, en el tema de la eficacia es necesario que ofrezca un razonable marco de ineficacia en aquellos temas en los que a mí, como poder político, me afecte. Y en segundo lugar, cantos a la independencia en la medida en que el poder judicial haga resoluciones que están en sintonía con lo que yo quiero.
Cuando se oponen se produce los ataques al poder judicial.
Nosotros los jueces no queremos ser ni inquisidores ni tampoco que nos lleven a la hoguera. Tampoco queremos palmeros que nos estén aplaudiendo porque hacemos lo que ellos dicen que tenemos que hacer.
El artículo 2 de la Ley del Jurado contempla el jurado popular en el Tribunal Supremo, pero en el año 1998 se hizo un acuerdo no jurisdiccional para no desarrollarlo. ¿Cómo vería que a los aforados los juzgara un tribunal popular en el Tribunal Supremo?
En el tema de los aforamientos no hay que pensar en extender las excepcionalidades sino reducir las que existen. El aforamiento, por mucho que se diga que es una garantía, es un privilegio. Habría que reducirlo muy severamente. Es una institución que no existe en Europa. El derecho penal parlamentario es la inmunidad y la inviolabilidad, el suplicatorio que se llama aquí. Después de eso, está el juez competente. Solamente en circunstancias muy espaciales se da como el enjuiciamiento del presidente del Gobierno, el de un ministro o el presidente del Supremo.
En Italia, por ejemplo, las causas que tuvo el ex primer ministro Silvio Berlusconi fueron juzgadas en Milán, por un tribunal natural.
El blindaje procesal que supone este desplazamiento de la competencia a la Sala Segunda supone un desgaste. Y también es la causa de que esta sala Segunda sea el objeto oscuro del deseo de cualquier Gobierno. Saben que cualquier diputado, cualquier ministro, tendrá que venir después a esta Sala si es procesado. Si aquí comenzamos a analizar qué color tiene cada magistrado de la Sala eso no es nada bueno.
En el juicio en el que se condenó e inhabilitó a Baltasar Garzón, que usted presidió, los siete que formaban el tribunal fallaron por unanimidad. Entre ustedes había de todas las sensibilidades. ¿Es un ejemplo?
Es un buen ejemplo, pero eso produce el desnorteamiento que tienen los medios de comunicación cuando no entienden que se produzca o no una división o fractura milimétrica como se produce en el Consejo General del Poder Judicial.
En esta Sala estamos muy orgullosos de poder asegurar que a la hora de enjuiciar cualquier asunto los magistrados se olvidan de hasta de su propia ideología.
¿Le afectaron mucho las críticas en aquel proceso?
No. Nos molestó, principalmente, la ignorancia del porqué de la sentencia. Asumiendo un porcentaje de culpa al entender que ese juicio no era el primero que debía de haberse celebrado.
¿Cuántos magistrados son actualmente en la Sala de lo Penal?
Somos 15 y 3 eméritos.
¿Cree que no existe voluntad para gestionar la Justicia? Viendo el estado en el que se encuentran muchos de nuestros juzgados eso no se palpa.
Eso inquieta. En España tenemos una corrupción que es sistémica. Cuando existen muchos casos de corrupción, de casi todo el arco parlamentario, aunque con distinta intensidad, esto se ve como algo generalizado. Esto se toleraba en las vacas gordas. Ha habido una cierta sensación de impunidad. A veces propiciadas con resoluciones sorprendentes, cuando no escandalosas –me refiero a algunos indultos-. De esto ya se ha aprendido.
Aquí, en la Sala, en el tema de los indultos, estamos recordando la necesaria obligación de fundamentarlos. No hay que olvidar lo que se produjo en la Sala Tercera con el conductor suicida aquel tan bien relacionado. Sin embargo, tener que recordar determinadas cosas obvias causa cierto sonrojo.
En la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se habla de que el fiscal realice la instrucción, pero ahora eso se quiere cambiar. Parece ser que hasta que no se rompa el nudo gordiano de la justicia y los fiscales realicen la instrucción no se va a mover nada ¿Tiene esa impresión también?
El debate de quien instruye en España es un debate antiguo que se remonta a los albores de la civilización (risas). ¿Quién investiga en España? Lo primero que hay que hacer es procurar que sea la policía quien realice las investigaciones.
La figura del fiscal, tradicionalmente en España, ha sido una figura muy burócrata, muy de despacho. Esta ha sido la rutina ¿Quieren cambiar la rutina?.
Una vez superadas la rutinas, tenemos otro problema, y es que el fiscal sigue siendo un cargo de confianza del Gobierno. ¡Ojo, menos que antes!. Antes era un cargo de absoluta confianza del Gobierno. Se ha dado un paso con la reforma de 2007, mediante la cual, el gobierno de turno no puede cesar al Fiscal General del Estado como ocurría hasta ese momento.
El paso siguiente es que el fiscal sea una emanación de la soberanía popular, es decir, del Parlamento. Eso sí, por una mayoría cualificada.
La realidad actual es muy sencilla. Se reformó el Estatuto Fiscal en 2007, pero una de la causas del cese de fiscal es la de cambio de Gobierno y esto no debería ser así.
LA JUSTICIA ES LA ÚLTIMA ESPERANZA QUE EL CIUDADANO ESPAÑOL TIENE EN SUS INSTITUCIONES
¿Cree que la gente valora ahora mejor el papel de la Justicia?
La imagen que tienen hoy en día de la justicia, frente a lo que algunos se piensan, es francamente positiva. La Justicia es la última esperanza que el ciudadano español tiene en sus instituciones. La confianza que tiene en el sistema judicial, de alguna manera, se proyecta cuando se investigan asuntos de corrupción, escándalos económicos o decisiones políticas no acertadas. La prueba está, por ejemplo, en el tema de los desahucios. Ante la petición de un juez, Europa cambió esa norma. También ocurrió con el copago de la Sanidad en Madrid que tumbaron los tribunales… El poder judicial es un poder disperso. Cada juez, dentro de su competencia, es independiente. Ante situaciones lacerantes, tan dolorosas, el juez es un poder en sí mismo. Si un juez quiere ser independiente no necesita ni al Consejo ni a nadie.
Hay que buscar soluciones sin esperar a que el Poder Legislativo nos las dé. Tú, como juez, tienes que dar la respuesta ahora. Ese escapismo que, a veces, puede encontrarse en algunos jueces, diciendo “esto que me lo den resuelto porque yo tengo que aplicar la Ley”, pues no. El juez tiene que volar a la altura del cóndor, no a la altura de la golondrina. El juez, con los instrumentos que tiene, debe buscar una solución que encontrará. Hay que elevarse una poco. El principio de legalidad penal no termina en el Código Penal.
