Crónica de una fuga anunciada

Crónica de una fuga anunciada

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15/3/2015 00:00
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Actualizado: 15/3/2015 00:00
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Carlos Berbell, director de Confilegal

Asumamos de una vez por todas que lo que ha pasado con la fuga de Alberto Plazaola es que “alguien” no ha hecho sus deberes.

“Alguien” se ha dormido, pero bien dormido.

Estaba cantado que el etarra iba a volver a “la trena”.

Cándido Conde-Pumpido, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, lo ha explicado muy bien en la entrevista que ha publicado Confilegal.

El Pleno Jurisdiccional de la mencionada Sala tomó la decisión, el 13 de enero pasado, de desestimar –por nueve votos frente a seis- el recurso que había interpuesto otro etarra, Kepa Picabea Ugalde, a quien la Sección Segunda de la Audiencia Nacional había rechazado descontar los diez años de prisión que pasó en Francia.

Las informaciones de ese día de los medios de comunicación –Confilegal incluido- ya anunciábamos que ese mismo criterio se aplicaría al resto de los etarras que recurrieran a la Audiencia Nacional o al Supremo para solicitar lo mismo: la acumulación de condenas.

Más de 80.

Era cuestión de tiempo, por lo tanto, que Plazaola volviera “al trullo”. A la prisión de Alicante II, donde había pasado los últimos años y de donde había salido el 4 de diciembre.

Había disfrutado de 69 días de completa libertad.

Ese mismo día 4 de diciembre, Santiago Arróspide Sarasola, “Santi Potros”, también vio la luz tras la aplicación, por parte de la Sección Primera de la Audiencia Nacional, de la Decisión Marco 675/2008 de la Unión Europea.

“Santi Potros”, uno de los líderes más sanguinarios de ETA, fue después detenido, el 19 de enero, por orden de la Audiencia Nacional, tras imputarte la autoría de dos nuevos atentados con coche bomba en Barcelona y Madrid.

A Plazaola todavía le quedaban por cumplir en prisión seis años, de una condena de 36 años por dos delitos de asesinato frustrado en relación con la colocación de una bomba en un bar de Eskoriatza (Guipuzcoa) en 1987 y otros 10 años por un delito de estragos.

La verdad es que al etarra se lo pusieron fácil.

Muy fácil.

Se lo contó la televisión. La radio. Los periódicos digitales. Y los separatistas vascos que a la puerta de su casa, en Oñate, Guipuzcoa, para protestar por su regreso a prisión, ante la mirada de un grupo de Ertzainzas impasibles, que vigilaban para que se respetara el orden público.

“En consecuencia, sin necesidad de filtración alguna, en cuanto se anunció que el Tribunal Supremo había resuelto el pasado martes los recursos del Fiscal contra la liberación de Potros y Plazaola, el resultado era público y notorio. Sin que los periodistas especializados necesitasen ninguna información adicional para conocer el resultado”, dice el magistrado Conde-Pumpido en nuestra entrevista.

Blanco y en botella.

Huelga cualquier otro tipo de explicación.

Lo dicho. Es evidente que “alguien” se ha dormido. Y ha faltado comunicación. 

Comunicación entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Y entre la Audiencia Nacional y el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. 

La cadena entera. 

“Que si a nosotros –a la Policía y a la Guardia Civil- no nos avisaron de la Audiencia Nacional para que le detuviéramos hasta las 17.22”. “Que si recibimos el auto de detención a las 20.44, autorizando la entrada y registro en el domicilio del etarra, en Oñate, Guipuzcoa”. “Que si no pudimos entrar porque no estaba la secretaria judicial, que llegó a las 23.05”.

El ministro del Interior, Jorge Fernández, en un alarde de proteger a los suyos, recalcó que «el Ministerio del Interior y la Guardia Civil lo que han hecho es cumplir la ley, como es su obligación» y señaló la tardanza de los jueces en comunicar la orden de detención.

Según explicaron fuentes de ese Ministerio, hasta que se recibe la orden «no existe posibilidad jurídica» de detener a Plazaola.

Pero es que no se trataba de detenerlo. Se trataba de tenerlo localizado hasta que llegara la orden. ¿Que no se puede hacer eso?

Hay que recordar que las órdenes no sólo llegan por email, o por sms. También llegan por teléfono. De viva voz. 

¿Para qué existe la Comisaría General de Información? 

¿O la propia Comisaría del Tribunal Supremo, que es además la del Consejo General del Poder Judicial y de la Audiencia Nacional?

¿De verdad que ninguno de nuestros magníficos agentes del orden se enteró de la noticia que publicaron todos los medios de comunicación al mediodía del martes? ¿Es que ninguno de los responsables policiales –y mira que tuvieron tiempo- previó que había que tener controlado a Plazaola, en su domicilio de Oñate?

Que ahora la máxima autoridad de la Justicia, a la vista de lo que sucedió, anuncie una investigación interna en el Tribunal Supremo para depurar responsabilidades, me parece de chiste. Y es mi opinión. 

¿Y qué van a hacer? ¿Sentar a los magistrados que componían el tribunal ante los trece miembros de la Sala de Gobierno, al estilo de un Gran Jurado estadounidense, para interrogarlos? ¿Cuál es el procedimiento, si existe? ¿Y qué les van a preguntar? ¿Fue usted el que lo filtró?

En cuanto que los periodistas destacados en la Oficina de Prensa del Tribunal Supremo supieron que Joaquín Giménez, que era el ponente de la sentencia, había anunciado un voto particular –sabiendo como piensa el magistrado-, y que se había asignado la ponencia a otro, la deducción era fácil. 

Imposible no sumar dos y dos.

El Sistema, hay que decirlo, no ha funcionado en absoluto.

Y ha permitido que Plazaola se fugara fácilmente.

Ha faltado iniciativa.

Ha faltado “estar en el partido”, como suele decir el Cholo Simeone.

Ha sido, lamentablemente, la crónica de una fuga anunciada. La culpa está bien repartida. 

Seguro que Plazaola tuvo tiempo de ir a una agencia de viajes para comprar un billete de tren y que, incluso, vino a recogerle a casa un taxi que pidió por teléfono.

Una pena.

Porque, a toro pasado, ¡hubiera sido tan fácil haber evitado su fuga y el escándalo consiguiente!

Ahora la cuestión no es buscar a un cabeza de turco para que pague por todos. La cuestión es que no se repita. 

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