Lo que se puede y lo que no se puede hacer
Carlos Berbell, director
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es una de las instituciones fundamentales de nuestro sistema democrático. Vaya por delante esta declaración.
Por eso no es de recibo lo que ha sucedido con el “nuevo” escudo del CGPJ, presentado en sociedad como la nueva imagen corporativa.
Un escudo que no es en absoluto nuevo porque lleva en la Red desde el 1 de enero de 2011 en la versión española de la Wikipedia, y más concretamente en la página dedicada al Consejo: https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_General_del_Poder_Judicial.
Su autor responde al seudónimo de Heralder y es un magnífico diseñador gráfico especializado en escudos heráldicos. Es muy bueno, hay que reconocerlo públicamente.
Muy bueno.
Desde Confilegal hemos tratado de ponernos en contacto con Heralder a través de la misma Wikipedia, pero ha declinado la comunicación directa, por ahora.
“Confirmo que se puede utilizar la imagen pero recomiendo que se cite que se encuentra sujeta licencia Creative Commons – Compartir igual – atribución. En esta última puede citarse mi seudónimo o simplemente es suficiente con indicar que procede de Wikipedia-Commons (o Wikipedia simplificando).–Heralder. 18:07, 1 April 2015”, es lo último que publicó el diseñador sobre este asunto.
Una licencia “creative commons”, para que todos nos entendamos, permite que cualquiera –usted, su primo, yo- pueda utilizar el escudo publicado en la Wikipedia de forma gratuita.
Sin desembolsar un euro. Sin tener que pagar por ello. Nada.
Pero con la condición de decir que él, Heralder, es su creador, y que la licencia es “creative commons” o “Wikipedia-commons”.
El presupuesto del órgano de gobierno de los jueces para 2015 es de 54.883.560 de euros (9.110.670.960 de las antiguas pesetas), que no es moco de pavo.
El CGPJ, hay que decirlo, es soberano para cambiar su escudo no una vez, sino las veces que quiera. Una, cinco, quince, diez mil, dos millones de veces.
Nadie lo puede negar.
Lo que no se puede hacer es cómo se ha hecho: Por la vía de los favores a grandes empresas, como Ogilvy & Mather, a cambio de un poco de publicidad.
Porque puede ocurrir lo que ha sucedido.
Ogilvy & Mather es la empresa sucesora de Bassat y Ogilvy que, ya en 2000, llevó a cabo la actualización de la imagen corporativa del CGPJ. Fue un trabajo a conciencia, profundo, con evidentes horas de trabajo invertidas.
No sólo se modernizó el escudo sino que se rediseñó todo.
Por aquel trabajo el Consejo desembolsó 54.000 euros. Que fueron bien merecidos.
Esta vez no se pretendía una intervención de calado similar sino un “lavado de cara” centrado en el escudo. Para aligerarlo, añadirle más blancos, según nos comentaron desde la prestigiosa empresa.
Se refirieron a los “blancos” posiblemente porque en el escudo rediseñado del CGPJ en el 2.000 habían convertido en rojo el fondo del “cuartel” del Reino de León, que debía ser plata, “con un león rampante, de púrpura, uñado de gules y coronado de oro”.
En heráldica se denomina cuartel a cada una de las divisiones de que se compone un escudo.
Era un error que, tarde o temprano, debía rectificarse.
La oportunidad pudo llegar hace once meses, en mayo de 2014, cuando la Comisión Permanente del Consejo convocó un concurso de ideas entre empresas especializadas de diseño gráfico para este fin.
Dotaron el primer premio con 9.000 euros y añadieron un accésit de 3.000 euros. Podían presentarse las personas físicas y las empresas interesadas cuya actividad se moviera en este campo.
Sin embargo, no encontraron lo que estaban buscando.
La presidenta del jurado, la ahora exvocal Mercè Pigem, aún reconociendo la calidad técnica de los 16 proyectos presentados, declaró que habían decidido, por unanimidad, que «ninguno de ellos cumple los criterios sometidos a valoración como la aptitud para transmitir el significado de la institución en el orden constitucional del Estado y la contribución al conocimiento, la promoción y la visualización del Consejo».
Agotada la vía de la convocatoria, desde el CGPJ optaron por el “Plan B” que, además, debieron pensar, resultaría más barato.
Ogilvy & Mather Publicidad aceptó el encargo y debió ocurrir lo que ocurre en estos casos.
Desde el “Alto Mando” de la multinacional se encargó a alguien que lo encargó a alguien que lo encargó a alguien, a su vez, que preparó las propuestas finales. Porque se hicieron varias.
Y ese “alguien” último hizo lo que suele hacerse: consultar la Wikipedia.
Allí se encontró con el magnífico escudo de Heralder.
Seguramente, la persona no pudo resistir la tentación de incluirlo en el portafolio final que se presentaría al CGPJ.
Aviso que esto es una especulación personal, basada, eso sí, en la propia experiencia.
Lo que no pudieron prever es que el escudo de la Wikipedia sería finalmente el elegido. Yo, ciertamente, no me habría podido resistir, lo admito, pero lo habría avisado.
Sabiéndolo, se podría haber llegado a un acuerdo con Heralder a cambio de unos emolumentos, retirando la naturaleza «creative commons» del trabajo.
La “maldición de la Wikipedia”, así podría llamarse a lo sucedido. Porque no es la primera vez.
Elpidio Silva, cuando era juez, reconoció en una entrevista con Vanity Fair que “copió de la Wikipedia” para elaborar el auto de ingreso en prisión de Miguel Blesa. “Sí, copié de la Wikipedia”, dijo entonces el juez.
Lo que me extraña mucho es que las cosas se hayan hecho de esta forma. Y que nadie, desde la multinacional o desde el CGPJ, haya hecho un “googleo” previo en la Red, o en la propia Wikipedia.
Porque lo que se pretendía que fuera un ejercicio de relaciones públicas “urbi et orbi” ha resultado en un tiro en el pie muy doloroso.
Antes he dicho que el presupuesto del CGPJ es de casi 55 millones de euros y que, en mayo de 2014, habían asignado 12.000 euros a un concurso para este fin que quedó desierto.
El Consejo podría haber encargado el nuevo escudo a Ogilvy & Mather Publicidad por 12.000 euros, o, incluso, por 18.000 euros (IVA no incluido), sin ningún problema.
Sin tener que dar explicaciones a nadie. Porque podían hacerlo.
El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, permite adjudicar directamente, “a cualquier empresario que cuente con la habilitación profesional necesaria para la prestación”, este tipo de contratos menores. Artículo 206.3. Ogilvy & Mather posee esa habilitación.
¿Por qué, entonces, optaron por pedir este favor? Alguna explicación tendrán que dar, digo yo.
La única que se me ocurre es el afán ahorrador. Las ganas de demostrar al mundo que en el CGPJ se mira hasta el último céntimo de euro. Que «ellos» no son derrochadores.
El remedio, lamento decirlo, ha sido peor que la enfermedad. Si el objetivo del Consejo era llamar la atención pública, vive Dios que lo han conseguido, que diría el capitán Alatriste.
¡Vaya si lo han conseguido!
Ya han empezado a oírse algunas voces críticas, desde la Justicia, que se preguntan por qué la Comisión Permanente se arroga una competencia como esa, que pertenece al Pleno del órgano del gobierno de los jueces.
Porque no existía ninguna razón de urgencia para que la Permanente decidiera, por su cuenta, un cambio de imagen corporativa, como esa, que había sido establecida por el Pleno del órgano constitucional.
Esto, es evidente, no se puede hacer.
Lo dicho, como un tiro en el pie. ¡Con lo fácil que hubiera sido pagar por ese trabajo, como Dios manda!
