El embajador de España en Finlandia denuncia la existencia de una «Caja B» en la legación y termina querellado por otra cosa
Marcos Vega Gómez, embajador de España en Finlandia hasta 2012, denunció al canciller de la legación, Ismael Medina, ante Exteriores tras descubrir la existencia de una “caja B” en la Embajada, con la que se compraba alcohol y gasolina libre de impuestos. La denuncia le valió una querella contra su persona ante la Audiencia Nacional por otra cosa. De eso hace más de tres años. Una pesadilla.
Ismael Medina explicó con toda claridad, ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, que la existencia de la «business account» -la caja B- era una cosa normal.
En apariencia era una cuenta que pertenecía a la Embajada de España en Helsinki, Finlandia, pero no cumplía las estipulaciones oficiales que tenían que tener este tipo de cuentas: que tuviera firma el embajador, el canciller y un tercer diplomático español de responsabilidad de la legación diplomática.
«Estaba sólo la mía. Mi firma», reconoció Medina abiertamente. Fue una cuenta que «se abrió cuando no estaba el señor Vega», aclaró.
La cuenta estaba en el Svenska Handeslbanken, aunque antes hubo otra en el Nordea. Ambos bancos de titularidad finlandesa.
«El objetivo de esa cuenta era hacer los pagos y las transacciones del personal de la administración de la Cancillería», explicó al magistrado Moreno el 13 de febrero de 2013. «El personal en Helsinki tiene unos sueldos muy bajos, comparando el nivel de vida de allí».
«Para que el Ministerio de Asuntos Exteriores finlandés no detectara esa compra irregular -porque no se debía de hacer a través de la Embajada la compra de alcohol y de gasolina para uso particular de los empleados-, se decidió abrir una cuenta a nombre de la Embajada desde donde se hicieron los pagos de esas facturas, que gozaban de una franquicia sin impuestos».
«El embajador [Ricardo] Zalacaín [antecesor de Marcos Gómez] pensó que sería una buena idea que esa cuenta estuviera a nombre de la Embajada en vez de a nombre de un particular, que era como se venía haciendo anteriormente a su llegada como embajador. El embajador Zalacaín me pidió que la abriera yo, conjuntamente con los dos trabajadores y así se hizo», añadió.
Los hechos relatados por el entonces canciller en Helsinki podrían ser constitutivos de delito fiscal ante la Hacienda de Finlandia, falsedad documental y blanqueo de capitales, según fuentes consultadas por este periódico.
El Gobierno finlandés ya se había quejado por el volumen de alcohol y gasolina que se adquiría desde la Embajada de España en Finlandia.
El magistrado del caso escuchó el testimonio del canciller en silencio.
De acuerdo con Medina, cuando el grupo de Inspección del Servicio del Ministerio de Exteriores, formado por Francisco Javier Pérez Grifo y Belén Moreno, viajaron a Helsinki para investigar lo ocurrido, él les explicó abiertamente la existencia de la cuenta y les entregó el extracto en el que figuraban los ingresos de los trabajadores, «donde cada uno paga su parte de la factura de la gasolina y su parte de la compra de bebidas alcohólicas, y los ingresos a las compañías de gasolina y de bebidas alcohólicas con las facturas que se habían hecho por las franquicias sin impuestos. De esa manera, los trabajadores se ahorraban el dinero de los impuestos y trabajaban mejor. Estaban más contentos con la Embajada y tenían un sobresueldo».
«La Inspección del Servicio nos dijo que esa cuenta era mejor cancelarla. Se canceló y así se quedó», relató el canciller.
Así se quedó todo.
Enterrado a pesar de la denuncia del embajador Vega Gómez.
Los hechos no se investigaron y, mucho menos, se citó a declarar al antecesor de Vega Gómez en Helsinki, para verificar la veracidad de las afirmaciones del canciller.
Los acontecimientos que dieron origen a este caso tuvieron su cénit en noviembre de 2011.
Vega Gómez había sido nombrado embajador en Finlandia en marzo de 2011 por la ministra de Exteriores del gobierno socialista, Trinidad Jiménez.
El diplomático había representado durante 5 años a España en Yemen, de 2006 a 2010. Y antes, entre 2003 y 2005 había sido embajador en Irak. Desde 2002 a 2003 ocupó el puesto de consejero en Trípoli, Libia, y dos años antes, entre 1999 y 2002 fue consejero cultural de nuestra embajada en Moscú y director del Instituto Cervantes.
El embajador era, sin duda, uno de los diplomáticos españoles con mejores contactos y conocimientos sobre los países del Oriente Próximo y el Magreb.
En Irak le correspondió afrontar el asesinato de los siete agentes del CESID (actual CNI), tras una emboscada mortal.
Por eso entendió que el destino de Helsinki iba a ser algo así como una promoción y un «descanso» en su brillante carrera.
No lo fue.
Cuando se dio cuenta del volumen de compras que se estaba moviendo, y que habían producido protestas por parte del gobierno finlandés, tomó la decisión de acabar con ello denunciando lo que estaba ocurriendo ante Exteriores.
Se produjo, entonces, un «choque de trenes» con el canciller, que llevaba tres años y medio en el cargo. El canciller no era un diplomático de carrera sino que procedía de Hacienda; era subinspector.
La cosa devino en un cruce de denuncias ante el Ministerio. Vega Gómez se dirigió a su inmediato superior, el subsecretario (número 3) del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación-, Rafael Mendívil.
Éste, actualmente embajador de España en Turquía y Georgia, fue imputado el año pasado por Antonio Fernández de Mazarambroz, exembajador en la República del Congo, por un supuesto delito de calumnias.
Medina acusó, por su parte, al embajador de contratar fraudulentamente a dos trabajadoras de servicio, a las que supuestamente les quitaría una parte de sus emolumentos para contratar a una tercera persona.
La inspección enviada a Helsinki creyó la versión del canciller, no así al embajador «progresista».
Su denuncia cayó en saco roto. Al parecer, no era relevante la existencia de la «Caja B» ni para qué se estaba utilizando.
El sentido ideológico del Ministerio de Asuntos Exteriores había cambiado tras la victoria del Partido Popular, en noviembre de 2011.
El informe de Exteriores dio origen a una querella, por parte del Ministerio Fiscal, que presentó ante la Audiencia Nacional contra el embajador por los supuestos delitos de falsedad en documento público, prevaricación de funcionario público y malversación.
Marcos Vega perdió su destino como embajador.
Tres años después, a pesar de que los testimonios absolutorios de las empleadas, supuestas ‘estafadas’, le absuelven, y de que los indicios le son favorables, todavía no tiene idea de cuando terminará su calvario.
Tres años en «dique seco» sin saber cuándo se solucionará su caso.
Ismael Medina fue después destinado a la embajada española en Kuala Lumpur, Malaysa. Pérez Grifo, miembro de la Inspección del Servicio que hizo la investigación, fue nombrado más tarde cónsul general en Roma. Belén Moreno fue promovida a consejera para Asuntos Económicos y Administrativos de la Embajada española en Washington.
