Fallece Luis Ignacio Ortega Álvarez, magistrado del Tribunal Constitucional, durante un receso del Pleno
El magistrado del Tribunal Constitucional, Luis Ignacio Ortega Álvarez, falleció súbitamente, en torno a las 12 de la mañana, en su despacho, durante un receso del Pleno que los miembros del Alto Tribunal estaban celebrando en esos momentos.
A pesar de los intentos por reanimarlo, nada se pudo hacer.
El Pleno, que comenzó a las 10 de la mañana, estaba tratando la admisión a trámite del recurso del Gobierno contra la Ley de Vivienda de Canarias. En torno a las 11.30 se produjo el consabido receso, que suele durar 30 minutos, durante el cual los magistrados regresaban a sus despachos para tomarse un café, atender las llamadas y realizar aquellas tareas pendientes que ellos consideran importantes.
El infarto tuvo lugar en los minutos anteriores a la reanudación del Pleno. Una unidad del servicio de urgencias médicas SUMMA se desplazó al tribunal para tratar de reanimarlo, pero no pudieron hacer nada. El magistrado habia fallecido como consecuencia de una «muerte súbita».
En el momento de escribir esta crónica, estaban esperando la llegada del juez de instrucción de guardia y del forense para ordenar el levantamiento del cadáver.
Es la primera vez en la historia que un magistrado del Constitucional fallece de esta manera en el edificio.
Tanto los magistrados del Alto Tribunal como los funcionarios y empleados se sintieron muy afectados por lo sucedido.
Luis Ortega tenía 62 años. Fue elegido magistrado del Constitucional por el Senado en 2010, a propuesta del Parlamento de Castilla-La Mancha, con el apoyo del PSOE. Tomó posesión en 2011 junto con el actual presidente, Francisco Pérez de los Cobos, Francisco José Hernando, y la vicepresidenta, Adela Asúa.
Era catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Fue el padre del borrador del fallido Estatuto de Autonomía de esta Autonomía que el Partido Popular retiró del Congreso.
Fue asesor en el primer gobierno (1982) de Felipe González, e intervino como experto en las comisiones de preparación de las leyes nacionales de Residuos, de la Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo y de la Ley de Consumidores y Usuarios, así como de la Agencia de Evaluación de Castilla-La Mancha.
