El jurista Jesús Seligrat ha propuesto la creación de la figura del «defensor del Mayor», un órgano multidisciplinar cuya función sea perseguir y acabar con todo aquello que menoscabe los derechos individuales del mayor en toda España. El 20 por ciento de la población española, 9.287.972 tiene más de 60 años.»Hay un enorme vacío legal», afirma el jurista.
CARLOS BERBELL.
La presentación pública de esta figura se llevó a cabo la tarde-noche del martes en el salón principal de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, de la que es miembro este jurista que, ya en 1974, fue la primera persona que propuso la creación del «defensor del Menor», figura que se materializó después en democracia en la comunidad autónoma de la capital de España.
Ahora Seligrat, uno de los grandes expertos jurídicos en el campo de los mayores, ha vuelto a dar un paso de innovación poniendo sobre la mesa la propuesta del «defensor del Mayor»
«Dicen que lo evidente es lo que nadie ve hasta que alguien lo explica con claridad», afirma Seligrat. «La figura del mayor es la gran olvidada, por eso es necesario que exista un ‘defensor del Mayor’. Un organismo que se ocupe de perseguir todo aquello que menoscabe los derechos individuales de los mayores. Desde los desahucios, pasando por casos de malos tratos, de abandono, de indigencia, de pensiones, de salud, problemas de comunicación con los nietos… La problemática es más amplia de lo que nadie podría sospechar».
«Los derechos humanos de la tercera edad raramente se cumplen», dice, de forma tajante el abogado.
De acuerdo con Seligrat, el «defensor del Mayor» que propone no sería un órgano unipersonal sino un grupo formado por juristas, pedagogos, psicólogos, profesionales de la medicina, asistentes sociales y expertos en el cuidado de los ancianos.
«Es increíble que no haya ningún partido político que, hasta ahora, se haya ocupado de los mayores, como se debe. Y su voto, recordémoslo, vale igual que el resto de los ciudadanos más jóvenes», apunta Seligrat.
Según Javier Pujol, exmagistrado y socio del bufete ECIXGroup, quien hizo la presentación de Seligrat, «la figura que propone viene a llenar un vacío institucional en España, cuya constitución la define como un Estado Social y de Derecho. Si los mayores de 60 años unieran sus intereses en una formación política representarían una fuerza increíble desde el punto de vista electoral».
Entre las funciones del ‘defensor del Mayor’, en opinión del abogado, estarían el control y la inspección de toda la normativa estatal, autonómica y local que pudiera estar vulnerando los derechos de los mayores, para rectificarla. «Ante cualquier tipo de problema, el ‘defensor del Mayor’, con su intervención, daría mayor celeridad a su solución. Aquí los mayores tendrían, además, un teléfono de ayuda que ahora no tienen porque muchos han sido, literalmente olvidados».
Esta figura, continúa explicando Seligrat, contaría con un ‘Consejo del Mayor’, un órgano cuya competencia sería emitir informes consultivos sobre todos los aspectos que afectan al mayor y, también, porqué no, con capacidad para hacer propuestas de leyes.
Desde el punto de vista económico, cuenta Seligrat, no sería costoso. Podría forjarse de un modo altruista, porque hay suficientes profesionales de todos los campos señalados que están dispuestos a trabajar como voluntariado. Y podría ver la luz a través de una ley ordinaria o como un anexo al defensor del Pueblo.
La intermediación del ‘defensor del Mayor’ podría, además, aliviar la pesada carga de los tribunales en casos de este tipo porque se evitaría que desembocaran en la Administración de Justicia.
«Esta es la presentación pública de mi propuesta. La primera vez que la pongo sobre la mesa públicamente. Por ello, todavía no he sido contactado con ningún partido político para explicar el proyecto», revela Seligrat. Un proyecto que ya tiene forma final y adolece de fleco alguno. «Pero estoy abierto a explicárselo a quien quiera conocerlo en profundidad».
Uno de objetivos de este abogado es impulsar una iniciativa popular legislativa, que requeriría 500.000 firmas, para que el Parlamento lo aborde.
