La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la juez Carmen Lamela que admita a trámite la querella presentada por dos bonistas contra Abengoa, que acusa a los exdirectivos Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega de incurrir en un delito de administración desleal.
El fiscal José Perals ha solicitado admitir a trámite la querella presentada por el abogado Felipe Izquierdo contra Benjumea y Sánchez Ortega por delitos delitos de administración desleal al haber «antepuesto sus intereses personales» a los de la sociedad. Además, se atribuye al ex consejero delegado un delito de información privilegiada.
Los querellantes denunciaron que Benjumea se fijó una «exorbitante» indemnización por importe de 11.480.000 euros, poco antes de que la compañía solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores.
Sánchez Ortega, que dejó la empresa en mayo pasado, percibió, por su parte, una «contraprestación post-contractual» de 4.480.000 euros, a lo que habría que sumar 3.300.000 euros en concepto de «bonus variable» que percibirá «a cuenta de 2015 hasta su salida». Al cabo de unos días, según la querella, fichó por el fondo de inversión Blackrock y, un mes después, la gestora tomó «fuertes posiciones bajistas» en relación con los valores de Abengoa.
PAGOS DE 15,92 MILLONES
En su escrito, el fiscal solicita declarar compleja la causa en virtud de la «abundante» documentación solicitada a la compañía andaluza respecto a los pagos de 11,48 millones a Benjumea y de 4,48 millones a Sánchez Ortega; y a la CNMV sobre las operaciones de compraventa de acciones de la empresa desde el 1 de julio de 2015.
Además, reclama que el juzgado de lo Mercantil número 2 remita copia de la solicitud de preconcurso; y que la empresa auditora Deloitte envía una su último informe sobre las cuentas y resultados de Abengoa.
El fiscal defiende la competencia de la Audiencia Nacional porque el supuesto «fraude» habría producido una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil al afectar a una empresa de trascendencia nacional en el ámbito energético; existen múltiples perjudicados como accionistas o bonistas; y la cuantía de la supuesta defraudación repercutiría a la economía nacional, al tratarse de una empresa con más de 6.000 trabajadores contratados en España, que cotiza en Bolsa y registra una deuda de en torno a los 20.000 millones de euros.
A su entender, esta querella no tiene «ninguna conexión» con la interpuesta por el despacho Yvancos Abogados en representación de varios accionistas y bonistas, que perdieron 299.911 euros, por delitos societarios y de falsedad documental. El fiscal pide separarlas en sendos procedimientos judiciales e inadmitir a trámite esta segunda porque estos hechos fueron archivados el 16 de febrero de 2015 por el Juzgado Central de Instrucción número 3.
«A pesar de que los delitos denunciados se refieren a prácticas abusivas en el mercado y a la falsedad de las cuentas societarias, de la mera lectura de la querella no se deduce la comisión de los delitos denunciados, sino que únicamente se constata que hay una discrepancia en la contabilidad de dos sociedades, pero sin que ello por si solo constituya un delito», argumenta el fiscal, que añade que no se ha aportado ningún folleto «meramente indiciario» que soporte el supuesto maquillaje de cuentas. (EP)
