La vicepresidenta y portavoz del Consell en rueda de prensa. EP.

El Gobierno valenciano solicita formalmente la suspensión de la patria potestad al supuesto asesino de su esposa

8 / 01 / 2016 20:58

Actualizado el 08 / 01 / 2016 20:59

En esta noticia se habla de:

La Abogacía General de la Generalitat Valenciana ha recibido hoy luz verde del Consell de la Generalitat para ejercitar la acción popular en el caso de la muerte en Villena, Alicante, de una mujer de 37 años, supuestamente a manos de su exmarido, para que solicite, ante los tribunales, la suspensión de la patria potestad del hijo que tenían en común.

Así lo ha dado a conocer la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno.

El suceso, ocurrido el pasado 23 de diciembre «constituye un caso de violencia de género, un problema de ámbito social público de interés general que obliga a los poderes públicos a actuar de manera activa con el objetivo de lograr la plena erradicación de los malos tratos».

El artículo 36 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece que la conselleria con competencias en materia de mujer podrá proponer al Consell de la Generalitat el ejercicio de la acción popular, a través de la Abogacía General de la Generalitat, o de abogadas/os colegiadas/os, en los supuestos de agresiones físicas domésticas en los que se cause la muerte o lesiones graves a mujeres residentes en la Comunitat Valenciana.

Asimismo, la Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, 7/2012 de la Generalitat Valenciana, establece en su artículo 58 que el Consell ejercerá la acción popular en todos los procedimientos penales que se sigan por delitos de violencia sobre la mujer con resultado de muerte, así como en aquellos casos en los que se genere alarma social o produzca lesiones graves e invalidantes. En su caso, la Generalitat solicitará siempre la privación de la patria potestad del presunto agresor.

La Ley 10/2005 de Asistencia Jurídica de la Generalitat dispone que corresponde a los abogados y abogadas de la Generalitat integrados en la Abogacía General de la Generalitat, la representación y defensa en juicio.

Por otra parte, el Consell se ha adherido a la condena emitida por la Junta de Extremadura por el presunto caso de violencia de género de la mujer encontrada muerta este pasado jueves en las aguas del pantano de Alange, Extremadura.

La Generalitat Valenciana manifiestó su «consternación ante esta nueva agresión contra las mujeres», e hizo un llamamiento a toda la sociedad «para que denuncie y condene estos actos con el propósito de acabar con cualquier acción fruto de la violencia de género». EP.

Noticias relacionadas:

Por qué Alonso Martínez consagró la acción popular en la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El juez del caso Plus Ultra agrupa todas las acusaciones populares bajo la batuta del PP

Opinión | La corrupción política, los jueces, los políticos y la prensa

El exDAO de la Policía Nacional niega las acusaciones, y asegura que la denunciante acudió a su casa «propia y conscientemente»

“Una gravosa limitación”: la Academia alerta de que restringir la acción popular pondría en riesgo el control democrático de la legalidad

Nicolás González-Cuéllar: “La acción popular es un baluarte en la lucha contra la corrupción”

Lo último en Tribunales

negligencia médica mala praxis indemnización quemadura barriga

6.000 euros de indemnización por mala praxis: olvidaron una gasa quirúrgica que le provocó una infección vaginal y pérdida auditiva

Iberdrola

Trece años después, la Justicia le da la razón a Iberdrola y anula la multa de 25 millones que le impuso la CNMC

Swissport

El TSJ de Cataluña recuerda que ser representante sindical no es un salvoconducto para ser el primero en volver de un ERTE

robo el ordenador de la empresa y se declara el despido improcedente

Robó el ordenador que le entregó la empresa y aun así gana el despido: la falta había prescrito

CGPJ

El Supremo obliga al CGPJ a reabrir un expediente disciplinario contra una jueza por una orden de desalojo