El avance en la instrucción judicial del caso de Begoña Gómez ha originado la reacción de duros ataques de diversos ministros, especialmente del de Justicia, contra el juez instructor, el magistrado Juan Carlos Peinado, al que han respondido en apoyo a su independencia las principales asociaciones judiciales y los jueces de Madrid.
También, contrariamente, algún magistrado en activo ha escrito descalificando públicamente la actuación de Peinado, lo que es algo improcedente, tenga razón o no la tenga, pues el criticar la actuación de un compañero en un caso en tramitación y pendiente de recursos puede constituir una falta disciplinaria grave, del artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sanciona «el interesarse, mediante cualquier clase de recomendación, en el ejercicio de la actividad jurisdiccional de otro juez o magistrado»; y la crítica pública es una forma sutil de interesarse mediante una recomendación taimada, para instar a los superiores a revocar lo actuado.
No voy a entrar en calificar o descalificar la actuación del juez instructor, pues el caso sigue su marcha judicial y la encausada Gómez está amparada, por supuesto, por la presunción de inocencia, y tiene derecho a utilizar todos los medios de defensa a su alcance.
Otra cosa distinta son las descalificaciones hacia el juez efectuadas por los políticos, de lo que hablaremos después, y otra distinta la improcedente intromisión crítica de otro juez ajeno al procedimiento, como dijimos antes.
Veamos algunas de las cuestiones que plantea este caso.
Corrupción política
En un sentido sociológico y ético, entre otras manifestaciones, corrupción es el hacer acepción de personas por recomendación, que es el ruego de palabra o por escrito hecho a alguien con poder decisorio por quien lo tiene de influencia, para que tome en consideración aquello que se le propone, como puede ser, por ejemplo, la adjudicación de contratos u oficios prescindiendo de los cauces legales o de criterios de justicia.
Es el uso abusivo del poder en beneficio de los políticos o su entorno, al que ya siglos atrás se refería Aristóteles en un pasaje de La Política, pues es un hecho de todos los tiempos y épocas.
La corrupción implica sorprendentes y hábiles combinaciones, siempre mediando el poder, cuyo fin principal es conseguir unos beneficios económicos que no se obtendrían de otra manera.
Estas conductas se recogen en los distintos códigos penales, como el español, en figuras delictivas como tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, etc. Y aquí ya pasamos al siguiente apartado.
Jueces
Son los únicos competentes, cuando alguien incurra en algunos de los delitos referidos, de aplicar la ley. Cuando un Estado es democrático, existe separación de poderes y los jueces, como dice la Constitución española de 1978, artículo 117, son independientes y sometidos únicamente al imperio de la ley.
Los jueces no están subordinados al poder ejecutivo, dependiendo en lo gubernativo del Consejo General del Poder Judicial, pero con total independencia en lo jurisdiccional, sin perjuicio del sistema de recursos ordinarios y extraordinarios y de su responsabilidad civil, penal y administrativa.
La actuación de los jueces se ve completada por la institución del Jurado, artículo 125 de la Constitución, en aquellos procesos que la ley determine.
Por tanto, son los jueces o el Jurado competentes en cada procedimiento quienes tienen atribución para juzgar los delitos, y no los políticos, ni siquiera el Ministerio Fiscal.
Políticos y justicia
¿Qué ocurre en la realidad? Que para algunos políticos la justicia es algo abstracto, nada real, y solo les vale la ley del más fuerte, que son ellos.
La hipocresía y la astucia son una regla para los gobernantes en general, y más para los de mentalidad autócrata, que no quieren dejar nunca que el poder caiga en otras manos, ni que, por supuesto, se les pueda descalificar.
Se llegan a veces a creer inviolables, ellos y su entorno, y por eso se enervan cuando se ejercen acciones legales contra ellos por la acción popular o por fiscales que puedan ser independientes y promuevan la acción penal ante los jueces.
Por eso quieren, de un lado, que se instruya no por órganos independientes como los jueces, sino por órganos jerarquizados como el Ministerio Fiscal, y de otro, desnaturalizar la acción popular, pues no pueden eliminarla totalmente dado su carácter constitucional.
Políticos y prensa
Los políticos reaccionan contra la prensa descalificándola cuando informa de sus andanzas y privilegios, recogidos por Daniel Montero en su libro La Casta.
En España hemos visto supuestos de todos los partidos en que los políticos se creen al margen de la ley.
Por poner un ejemplo paradigmático, pues acabó con todo un partido hegemónico, Convergència i Unió en Cataluña, el caso de los Pujol.
Cuando se destapó el caso por la prensa, como escribió David Gistau, diversas personas de ese entorno protestaron contra el periodismo, pues creían que se había roto una cláusula de patente de corso de cobrar un cohecho del 3 % a cambio de un contrato de servicios políticos.
No contaban ni con la prensa ni con los jueces independientes.
La inmersión de políticos del PP en la corrupción de contratos de la construcción quedó patente de manera diáfana en los audios del caso Naseiro, que destapó los manejos de algunos relevantes políticos.
También el procedimiento abierto en 2012 por tráfico de influencias en el Tribunal Supremo, caso de la empresa Azkar, contra el exministro del PSOE José Blanco, aunque finalmente sobreseído, puso de relieve lo que este decía, de que era «habitual» que los políticos ayudaran a los empresarios.
El magistrado instructor José Ramón Soriano expuso en su auto de suplicatorio contra el exministro que el alcalde de Sant Boi de Llobregat, Jaume Bosch, del PSC, se había sentido intimidado por los cargos del exministro ante sus presiones, ejercidas a través del secretario de Estado de Transportes, Isaías Táboas, también del PSC, que ejerció «gestiones decisivas», según informó María Peral en el diario El Mundo.
Los políticos no quieren ser fiscalizados
En conclusión, los políticos de todos los colores no quieren ser fiscalizados ni por los jueces ni por la prensa, que quieran o no tiene un fuerte poder, como destacó con sinceridad el que fuera jefe del Gobierno francés Michel Rocard, incluso mayor que el de los políticos, como recogió Ricardo de la Cierva en su libro sobre la historia de la corrupción, imposible por ello de silenciar completamente en una sociedad democrática.
Por ello,los políticos quieren, al menos, manipular a través de ella a la opinión pública, utilizando, como explica el sociólogo francés Pierre Bourdieu, cortinas de humo, dando prioridad a la polémica sobre la dialéctica en detrimento de los argumentos.
Se trata de imponer un relato favorable a sus intereses, y por ello, ante revelaciones de la prensa, en vez de negar hechos concretos, se habla genéricamente de bulos para eludir el entrar en el examen de los hechos denunciados.
Se trata de proteger la imagen, y quien tiene mejor marketing puede ganar el relato, aunque sea inveraz, ante la opinión. Es el precio de la democracia. La dictadura de la publicidad.
Así se explican algunas reacciones de los políticos.
