El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco comenzará a tomar declaración a partir de hoy, en calidad de investigados a los 13 detenidos en el marco de la operación ‘Frontino’, relacionada con el fraude en contratos de infraestructuras de agua desde la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed).
El magistrado les interrogará en relación con la comisión de presuntos de delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en relación con adjudicaciones tramitadas por este organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
La empresa estatal Acuamed habría adjudicado fraudulentamente obras y falsificado certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias, entre las que se encuentran Acciona, FCC y otras ocho compañías.
En concreto, la investigación se centra en seis contratos sospechosos que afectan al acondicionamiento del río Serpis, las obras de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera y el refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable para los municipios de El Campello y Mutxamel.
También están afectadas otras tres licitaciones relacionadas con las obras del frente marítimo de Torrevieja relacionadas con la desalinización, otro proyecto de la desaladora del bajo Almanzora y la limpieza y descontaminación del embalse de Flix.
Las investigaciones se iniciaron en septiembre de 2014 tras una denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción. Las obras objeto de la presente investigación se encuentran relacionadas, entre otras, con la creación de conducciones acuíferas terrestres, acondicionamientos de cuencas de ríos y contención de embalses, construcciones de desaladoras y tratamientos químicos para la descontaminación de embalses.
Entre los arrestados destacan el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, y la directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco, que han sido destituidos este martes por la «pérdida de confianza y la alarma social» causada. La guardia civil también ha detenido a directivos de las empresas que disfrutaron de los contratos. (EP)
