El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que instruye el caso Imelsa, ha dejado en libertad provisional a los siete detenidos en el marco de la operación Taula que este miércoles han prestado declaración ante el magistrado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El juez ha impuesto el pago de una fianza para cuatro de ellos para hacer frente a las responsabilidades civiles en el caso de que fuera condenados. Es el caso del ex secretario autonómico de Deportes y ex diputado en las Corts David Serra, la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García Fuster, el exgerente de la Fundació Jaume II El Just, Vicente Burgos, y un empresario y ex suegro del ex gerente de Imelsa, Marcos Benavent, también investigado en la causa.
En el caso de María del Carmen García Fuster, el magistrado ha decretado su puesta en libertad bajo fianza en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía su ingreso en prisión.
Los otros tres arrestados en el marco de esta operación que este miércoles han prestado declaración ante el juez han sido un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia, personal de confianza del Grupo Popular, y dos arquitectos.
El juez mantiene para todos ellos la condición de investigados -nueva denominación para los imputados- para todos ellos por en una causa en la que se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
Este martes, el juez ya dejó en libertad bajo fianza de 150.000 euros a la exconcejal Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón y le impuso el embargo de sus bienes como medida cautelar.
SEIS ARRESTADOS, A DISPOSICIÓN JUDICIAL
Tras un receso, el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha comenzado a tomar declaración a otros seis arrestados en la causa.
Se trata de seis empresarios, uno de ellos, de Castellón.
En total, hay 29 investigados en esta causa contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
Entre ellos figura el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla.
La operación se saldó con 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, mientras que hay otros 5 investigados que no fueron detenidos pero que sí han sido citados para declarar ante el juez, entre ellos el concejal del Ayuntamiento de Valencia Alfonso Novo y una trabajadora del Grupo Municipal del PP en el Consistorio.
Ambos están citados por figurar como autorizados para disponer de las cuentas del partido.
El Juzgado de Instrucción 18 continuará con las declaraciones este jueves, a medida que los agentes de la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción concluyan las diligencias que están practicando.
En total, se han practicado 33 registros en las tres provincias de la Comunidad, tanto en domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas (entre ellas la empresa pública CIEGSA) y fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), como la sede de un equipo de fútbol (Club Deportivo Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente) o la sede del Grupo Municipal del Partido Popular en Valencia. EP.
