La magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Navalcarnero, en función de guardia de detenidos, ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza de Cristóbal López Vivar, responsable de las clínicas Funnydent.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), está acusado de supuesta participación en un presunto delito de estafa. El investigado ha ingresado en el centro penitenciario Madrid 4 donde se encuentra a disposición de este juzgado.
La semana pasada, todas las clínicas de Funnydent cerraron sin previo aviso dejando a centenares de afectados con tratamientos a medias y financiaciones en curso. Fue detenido por la Policía Nacional a las pocas horas y ayer pasaba a disposición judicial.
En el auto, fechado a 31 de enero, la magistrada entiende que existen indicios para imputar a López Vivar un delito de estafa. Relata que éste creó diferentes empresas en el ámbito de la odontología (Éxitodental SA, Dentasalud SL Laboratoria Crisan SL, Dental Salud SL, Zona Norte SL, Zona Sur SL, Zona Este SL y Zona Oeste SL).
Todas estas sociedades contaban con clínicas en diversas localidades madrileñas como Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, Móstoles, Alcalá de Henares, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, así como en varias localidades de Cataluña, en las cuales «ofrecía la posibilidad de financiación de los tratamientos odontológicos mediante créditos».
Sin embargo, «y a pesar de los beneficios que al parecer ofrecía el negocio, tal y como ha reconocido el propio investigado, de aproximadamente un millón y medio de euros al mes, sin llegar a aclarar las razones de por qué tan fructífero negocio, derivó en el impago de los trabajadores».
Además, «a sabiendas de las dificultades económicas que su negocio atravesaba ya en el verano pasado, siguió con su actividad acogiendo a más pacientes» y continuando con «gastos suntuarios» como la adquisición hace unos meses de un vehículo de alta gama, en relación al Audi 7 hallado en los registros.
La juez continúa que «sin previo aviso a trabajadores y pacientes» procedió a realizar el cierre de todas las clínicas el pasado 28 de enero, «lo que ha supuesto la imposibilidad de cientos de pacientes de culminar su tratamiento, estando abonado ya bien en metálico o bien a través de la financiación».
RIESGO DE FUGA Y DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS
También se explica que en este momento sólo se tiene conocimiento «cierto» de las denuncias recogidas ante la Policía Nacional de Móstoles y alcanzan a 167 afectados cuya cuantía económica suma los 726.566 euros.
La magistrada, ante esta situación, considera que existen indicios suficientes para imputarle un delito de estafa, previsto con en el Código Penal con una pena de uno a seis años de prisión. También toma la medida de prisión provisional ante el riesgo de fuga, de obstrucción a la investigación y reiteración delictiva.
De hecho, también entiende que hay riesgo de destrucción de pruebas «si bien es cierto», añade, que el sábado, se llevaron a cabo diversas diligencias de entrada y registro judicialmente acordadas». Pero no se debe olvidar, dice, «que en este tipo de delitos en que la prueba documental que se pueda intervenir es fundamental, el hecho de que sea un conjunto de empresas pone de manifiesto la existencia de este peligro». (EP)
