Eran las ocho menos veinte de la tarde del jueves 8 de enero de 2009 cuando un joven vestido de negro, con la cara cubierta por una braga de montañero, entró en la habitación 543 de la planta de Cardiología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.
Preguntó por Leónidas. Le señalaron la cama de al lado. El hombre dormía con una máscara de oxígeno. El joven sacó una pistola con silenciador, apuntó al único testigo —su compañero de habitación, Carmelo Martín Socorro, que acababa de recibir un trasplante de corazón— y le ordenó que no se moviera.
Luego disparó seis veces sobre el durmiente. Cinco balas impactaron en puntos vitales: la barbilla, el cuello, la arteria carótida interna, el tórax.
La sexta falló. En menos de treinta segundos, el asesino salió de la habitación. El olor a pólvora quedó flotando en el aire.
La víctima era Leónidas Vargas Vargas, conocido como el Viejo, el Rey de Caquetá o Paras de Alicante. Cincuenta y nueve años, colombiano, uno de los diecinueve capos más importantes del narcotráfico de su país según las autoridades de Bogotá.
Un hombre que había forjado alianzas con Pablo Escobar y con Gonzalo Rodríguez Gacha, «el Mexicano», que había pactado con las FARC la protección de laboratorios clandestinos de cocaína en el departamento del Caquetá, y cuya fortuna —plasmada en pisos, fincas ganaderas e inmuebles repartidos por toda Colombia— superó en su momento el valor de los 40 millones de dólares incautados.
Alguien había puesto precio a su cabeza. Y ese alguien no iba a esperar a que la enfermedad se lo llevara por delante.
Catorce días ingresado en el hospital 12 de Octubre
Vargas llevaba catorce días ingresado en el 12 de Octubre por problemas cardiorrespiratorios graves.
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Abreu, lo había puesto en libertad bajo fianza de 200.000 euros en junio de 2008, atendiendo a su deteriorado estado de salud: estaba imputado por tráfico de 513 kilos de cocaína y por falsificación documental.
Vivía en un piso alquilado en Pozuelo de Alarcón con su segunda mujer y sus hijos. Se apagaba. Pero alguien, desde Colombia, no podía permitirse esperar a la muerte natural.
El inspector Juan José Aristizábal, del Grupo X de Homicidios de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Madrid, llegó al 12 de Octubre aquella misma noche.
Estaba ante uno de los casos más complejos que puede enfrentar un investigador: un asesinato por encargo ejecutado por un sicario sin vínculo aparente con la víctima, entrado y salido en menos de medio minuto.
La propia juez de guardia lo advirtió al abandonar la escena: «Va a ser difícil, muy difícil, atrapar al que haya hecho esto». Aristizábal lo sabía. Pero también sabía que en aquel hospital había cámaras.
«Está todo grabado», le confirmó al día siguiente Carlos Ruiz Virumbrales, director de seguridad del centro. Ahí comenzó una investigación que pasaría a los manuales.
Las imágenes del circuito cerrado mostraban al asesino y a un acompañante más alto, con gorra azul y orejas de soplillo, que hacía las veces de guía.
El vigilante de seguridad Agustín Cordero identificó al sicario: lo había visto entrar al hospital el día anterior, a las 19.25 horas.
Aristizábal solicitó las grabaciones de todas las plantas y todas las entradas, no solo de la quinta. Y entonces trazó una hipótesis que los propios investigadores norteamericanos habrían catalogado de «long shot» —una apuesta de resultado incierto—: si se podían cruzar las llamadas telefónicas realizadas desde los repetidores que cubrían el hospital en la franja de las 19.00 a las 20.00 horas del 8 de enero con los momentos exactos en que los sospechosos aparecían en las grabaciones, quizás pudiera identificarse a los culpables.
La juez del caso autorizó la intervención.
Cinco operadoras telefónicas facilitaron el listado de teléfonos móviles operativos
Las operadoras —Telefónica, Vodafone, France Telecom y Yoigo— facilitaron el listado de teléfonos móviles registrados por los repetidores del hospital en ese intervalo.
La Unidad Territorial de Información (UTI) encendió las primeras alarmas casi de inmediato: dos de los números ya estaban siendo investigados por otras unidades.
Uno de ellos pertenecía a Alexander Salazar Cortés, alias Chucki, un colombiano de 35 años seguido por el Grupo de Estupefacientes de Jaén por razones distintas.
Su teléfono estaba intervenido judicialmente. Las grabaciones de aquella tarde eran devastadoras.
A las 19.27 horas, Salazar Cortés recibía una llamada de un interlocutor desconocido que le confirmaba que el guía y el sicario —el «parcero», en el argot colombiano del crimen organizado— iban a entrar en el hospital en diez minutos.
A las 19.37, una segunda llamada le avisaba de que ya estaban dentro. A las 19.43, confirmaban el éxito. «¿Pagó la factura?», preguntaba el desconocido.
«Nitidez. Quedó bien organizado», respondía Chucki.
Cuatro minutos después, otra llamada, en tono jocoso, para celebrarlo. El posicionamiento del móvil de Salazar Cortés lo situaba en los aledaños del 12 de Octubre durante toda esa franja horaria. Y las cámaras del hospital lo confirmaban.
La investigación avanzó con método de relojero. La Sección de Acústica Forense de la Comisaría General de Policía Científica comparó las voces del interlocutor desconocido en distintas llamadas y concluyó que existía «un alto nivel de probabilidades» de que pertenecieran a la misma persona.
Esa voz condujo hasta José Jonathan Fajardo Ospina, «el Papi», un colombiano de 37 años residente en el barrio madrileño de Usera que regentaba una pequeña oficina de cobros —eufemismo del hampa para designar los equipos de sicarios por encargo— con aspiraciones de crecer en España.
Fajardo Ospina había recibido el encargo desde Colombia, supo que Vargas estaría desprotegido entre las 19.30 y las 22.00 horas del 8 de enero, y organizó todo: trajo al sicario desde Fuerteventura, donde trabajaba en las cocinas de un hotel, le proporcionó el arma a través de Salazar Cortés, y le asignó como guía a Jonathan Montoya Rendón, alias «el Gaseosa».
El sicario material, Jonathan Andrés Ortiz, fue el último en caer. Arrestado en octubre de 2009 cuando intentó regresar a España por la Terminal 4 de Barajas, saltó la alerta policial en el control de pasaportes.
Con su detención se cerró una investigación de casi diez meses que había comenzado con cero pistas y terminado desenredando una red de al menos seis personas.
El juicio se celebró en mayo de 2011 en la Audiencia Provincial de Madrid. Andrés Ortiz, «el gatillero», fue condenado a 25 años y 9 meses por asesinato alevoso mediante precio y tenencia ilícita de armas.
Fajardo Ospina, «el Papi», a 23 años y 6 meses. El secretario, Edgar Andrés Ortega, a 26 años y 9meses en total, sumando el asesinato, la resistencia a la detención y la tenencia ilícita.
Chucki, Salazar Cortés, a 23 años más uno. «El Gaseosa», Jonathan Montoya Rendón, a 24 y 3 meses.
El rumano Andrei Alexander Cadar, «el Mono», que se encargó de desmontar el arma y tirarla a un río, recibió dos años y seis meses por encubrimiento.
La jurisprudencia validó la novedosa metodología de investigación
Pero el verdadero peso histórico del caso no está solo en las condenas. Está en lo que ocurrió después.
Todos los abogados de los condenados recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El TSJM, en sentencia de 8 de noviembre de 2011 —con ponencia del magistrado José Manuel Suárez Robledano y presidida por el presidente del tribunal, Francisco Javier Vieira—, ratificó en bloque las penas.
Solo introdujo una modificación: absolvió a Yuli Carolina Oliveros Rojas, la mujer que había comprado el billete de avión del sicario desde Canarias a Madrid, al concluir que no había podido representarse que estaba facilitando un asesinato.
Los condenados recurrieron en casación ante el Tribunal Supremo, que confirmó la sentencia, con ponencia del magistrado Julián Sánchez Melgar.
Esas dos resoluciones —TSJM y Tribunal Supremo— tienen un valor que trasciende el caso Vargas.
Porque validaron la metodología empleada por Aristizábal y su equipo, ambos tribunales sentaron jurisprudencia sobre el uso combinado de dos herramientas que hasta entonces no habían sido sometidas conjuntamente al escrutinio judicial en un caso de esta naturaleza en España: las cámaras de circuito cerrado hospitalarias y la triangulación de teléfonos móviles mediante el análisis de repetidores.
La cadena probatoria —grabaciones, posicionamiento de móviles, análisis acústico forense de voces, intercepciones autorizadas judicialmente— fue declarada válida, proporcional y conforme a los derechos fundamentales.
«Sin la grabación de las cámaras de circuito cerrado del Hospital Universitario 12 de Octubre y sin la relación que hicimos de estas imágenes con los móviles de los implicados, jamás habríamos resuelto este crimen», explicó el inspector Aristizábal. «Las nuevas tecnologías probaron ser una ventaja en esta investigación».
Era el año 2009. Los «smartphones» todavía no habían conquistado el mundo. El «big data» era una promesa vaga.
Y sin embargo, en un hospital del sur de Madrid, un equipo de tres investigadores de la Brigada de Homicidios acababa de demostrar que la intersección entre imagen y acústica forense podía deshacer incluso la madeja más cuidadosamente tejida por el crimen organizado.
El fallo judicial que lo refrendó pavimentó el camino para todas las investigaciones que vinieron después.
El caso del asesinato de Leónidas Vargas —el Rey de Caquetá, última leyenda viva de los capos históricos del narcotráfico colombiano— no quedó solo en el archivo de un tribunal. Se convirtió en un punto de inflexión para todas las investigaciones policiales de ese tipo en España. 4
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Resumen del capítulo «La muerte no tiene apariencia de mujer. El capo Leónidas Vargas asesinado por un sicario. Imagen y acústica forenses», del libro «Los nuevos investigadores. Los casos más relevantes de los CSI españoles», del que son autores Carlos Berbell y Leticia Jiménez. Publicado por La Esfera de los Libros.
