El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), organismo del Consejo de Europa, ha destacado los avances que ha hecho España para mejorar la transparencia en la financiación de los partidos políticos. Eso sí, ha defendido la necesidad de asegurar que las normas se llevan a la práctica.
Así lo pone de manifiesto el GRECO en un informe sobre la penalización de la corrupción y la transparencia de la financiación política en España publicado este martes.
«Esto requerirá un papel proactivo por parte del Tribunal de Cuentas, disciplina financiera y transparencia en las operaciones de los partidos políticos, y las sanciones adecuadas cuando se produzcan infracciones», enfatiza el GRECO para garantizar que las normas se cumplen.
En este sentido, subraya la necesidad de asegurarse de que las fundaciones políticas no sean utilizadas como una «una vía paralela para la financiación fraudulenta de las actividades de rutina y de campaña de los partidos políticos».
En cualquier caso, el Grupo de Estados contra la Corrupción ha saludado la reciente aprobación de reformas «significativas» para la lucha contra la corrupción y en materia de transparencia de la financiación de partidos.
El organismo comunitario hace especial hincapié en la mejora de la transparencia en política, un área «propensa» a la mala práctica pero que ha mejorado tras reforzarse los requisitos y su supervisión.
Así, el informe destaca la Ley de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos aprobada el pasado año ya que pretende «regular mejor» la financiación del ámbito político. Eso sí, advierte de que es fundamental que las disposiciones aprobadas sean aplicadas.
El estudio también pone de relieve las reformas del Código Penal realizadas para luchar contra la corrupción. Sobre éstas modificaciones, el GRECO afirma estar «satisfecho» con los compromisos adquiridos por España para remediar deficiencias técnicas previas aunque, eso sí, el organismo comunitario dice que quedan algunos «fallos técnicos», referentes al tráfico de influencias de agentes públicos internacionales, la corrupción de jurados y arbitrajes extranjeros y la cobertura de la corrupción pasiva en el sector privado.
Con todo, recalca que España ha cumplido «satisfactoriamente» 11 de las 15 recomendaciones formuladas en el primer informe de evaluación elaborado en el año 2009. Respecto a las cuatro recomendaciones restantes, han sido parcialmente implementadas. (EP)
