«Tambores de guerra». No se puede sintetizar de otra forma. El Gobierno de Aragón (PSOE-CHA) ha anunciado un recorte del 40 por ciento del presupuesto destinado a justicia gratuita para 2016. Esto, unido al hecho de que los 800 miembros del turno de oficio de Zaragoza cobran con un retraso de 11 meses, está provocando la movilización de sus miembros para estudiar las medidas a tomar. Ya se ha fijado un día: el 17 de febrero próximo, a las 17.30 en el Colegio de Abogados.
«Nos comunican -a través de la prensa- que el presupuesto se recorta en un 40 pro ciento para justicia gratuita. Ante esto no podemos decir sino basta ya de faltar al respeto a unos profesionales rigurosos y con oficio», dicen todos los miembros de la Junta de la Sección del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Zaragoza en una columna que encabeza Eva María Escanero.
«Basta ya de no dignificar nuestro trabajo y de menospreciar a nuestros cleintes. Basta ya de cuse tirones presupuestarias. Habalamos de derechos, de libertades de personas con problemas, como el 90 por ciento de la sociedad, de profesionales muy cualificados y muy comprometidos. Hablamos de la base de una sociedad dmocrática: la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, incluso en situaciones de desprotección por las propias administraciones públicas», continúan.
«No tenemos una flota de vehículos oficiales», «ni disponemos de ipads ni iphones gratuitos para desempeñar nuestro trabajo, ni siquiera de una fotocopiadoras que podamos utilizar gratuitamente para las copias de los documentos de nuestros clientes. Todo y todos, sin excepción, lo costeamos los abogados del turno de oficio», añaden.
En 2015 el presupuesto del turno de oficio en Aragón -Comunidad a la que el fueron transferidas las competencias en justicia en 2008 y que administra la Consejería de Presidencia y Justicia- fue de 4,5 millones de euros. Con el recorte, la cifra baja a los 2,7 millones, un 40 por ciento menos; el número de expedientes de justicia tramitados en 2015 rozaron los 14.000.
El Gobierno regional garantizó el servicio de justicia gratuita, con independencia del presupuesto que se calcule.
