El expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y al ex consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, serán interrogados el próximo martes por la magistrada del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, en calidad de investigados, lo que antes se conocía como imputados.
Lamela, que embargó cinco turismos de marca Chrysler, Mercedes o BMW y diez fincas que constan a nombre de Benjumea, y prohibió a Sánchez Ortega disponer de un vehículo Jaguar, les interrogará por la comisión de un supuesto delito de administración desleal.
La magistrada acordó los embargos tras haber rechazado admitir las pólizas de AIG Europe Limited y XL Insurance aportadas por Benjumea y Sánchez Ortega para hacer frente a las fianzas de 11,5 y 4,5 millones de euros impuestas, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil.
Además, ordenó también el bloqueo de los saldos que constan en doce cuentas bancarias, incluyendo todos los productos bancarios, tales como fondos de inversión, planes de pensiones o imposiciones a plazo fijo, que pudiera tener contratados.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 admitió el pasado 18 de noviembre, con el informe favorable de la Fiscalía, la querella presentada por dos propietarios de bonos de Abengoa que atribuye a Benjumea y Sánchez Ortega delitos de administración desleal e imputan además a este último otro de uso de información privilegiada.
QUERELLA DE LOS BONISTAS
Se querellaron contra la antigua cúpula de la compañía, que solicitó el preconcurso de acreedores el pasado 26 de noviembre, por buscar su «propio beneficio y lucro personal» al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de «salvar a sus miles de inversores».
Los bonistas señalaron que Benjumea y Sánchez Ortega eran «conocedores de la auténtica realidad económica-financiera» de la empresa y que buscaron su enriquecimiento «en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate».
Los querellantes denunciaron que Benjumea se llevó una «exorbitante» indemnización por importe de 11.480.000 euros, poco antes de que la compañía solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores.
Sánchez Ortega, que dejó la empresa en mayo pasado, percibió, por su parte, una «contraprestación post-contractual» de 4.480.000 euros, a lo que habría que sumar 3.300.000 euros en concepto de «bonus variable» que percibirá «a cuenta de 2015 hasta su salida». Al cabo de unos días, según la querella, fichó por el fondo. EP.
