Una denuncia anónima presentada en 2017 ante la Fiscalía Anticorrupción fue el origen de una investigación que hoy sacude los cimientos del despacho fundado por Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, Equipo Económico (EE).
En ella se describía al despacho como un «lobby» al que las empresas “se veían obligadas a contratar para influir en decisiones gubernamentales”. Algunas recibían incluso la sugerencia de contratar sus servicios directamente desde instancias del Ejecutivo.
El informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a que la consultora, fundada por el exministro, habría jugado un papel clave en la obtención de ventajas fiscales y contratos públicos para grandes empresas, a través de su influencia dentro del Gobierno.
“La vía más directa es pagar a EE”
La UCO destaca un episodio clave en la investigación: el registro de las oficinas de la empresa química Messer en noviembre de 2017. En los correos electrónicos intervenidos a su director técnico, se descubre cómo varias empresas del sector gasístico intentaron organizarse como grupo de presión para lograr una rebaja del impuesto eléctrico.
Al no conseguirlo por vía ordinaria, acudieron a EE. Uno de los correos es revelador: “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”.
Indicios de mediación para reformas legislativas
La UCO concluye, a partir de los correos intervenidos, que varias empresas contrataron a EE con el objetivo de modificar normas fiscales a su favor.
Así ocurrió, por ejemplo, con el impuesto eléctrico en 2014 y el de actividades económicas en 2018. Según los investigadores, “se desprende la contratación de EE con la finalidad de conseguir reformas normativas necesarias para beneficiarse fiscalmente”.
Pero la presunta operativa no se habría limitado al sector energético. La Guardia Civil considera “plausible” que el despacho extendiera su actividad a otras áreas, siempre bajo el mismo patrón: asesoramiento con peso específico en la Administración pública.
Los investigadores mencionan como beneficiarias a Ferrovial, Abengoa, Solaria o Madrid Network.
Contratos millonarios y coincidencias temporales
El análisis de los modelos 347 de la Agencia Tributaria —declaración anual de operaciones con terceros— revela pagos relevantes de estas compañías a la consultora. Ferrovial abonó 583.824 euros entre 2012 y 2014.
Encargó a EE un estudio sobre la morosidad de los ayuntamientos, en un contexto donde el Ejecutivo lanzó el plan de pago a proveedores, aprobado “con celeridad”, según la Guardia Civil.
En el caso de Abengoa, los pagos suman más de 4,9 millones de euros entre 2008 y 2017.
Solaria, también en el sector de renovables, pagó 2,2 millones en ese mismo periodo. Ambos casos coinciden con años en los que se tramitaban reformas favorables a la energía termosolar y fotovoltaica.
Madrid Network, por su parte, destinó 1,86 millones entre 2008 y 2011 a diversos contratos con EE. Cabe destacar que entonces estaba presidida por Antonio Beteta, que más tarde sería secretario de Estado bajo el mandato de Montoro.
El informe de la UCO no es concluyente, pero sí contundente. Apunta a indicios de una estrategia continuada que habría situado a Equipo Económico en una posición privilegiada dentro del entramado público-privado.
Una posición, remarcan los agentes, que habría sido posible gracias al contacto directo de sus miembros con uno de los fundadores de la firma: el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La investigación sigue abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona.
