La fiscal Carmen García se ha opuesto al archivo del «caso Montoro». Ello, asegurando que en este caso existen pesquisas de «actuaciones graves de corrupción». Una posición enfrentada a la del penalista José Antonio Choclán, que solicitaba la nulidad de la causa, prolongada a lo largo de los años a través de lo que él califica de «gravísimas anomalías procesales».
«Es necesario dejar claro y sentado desde este momento, que determinados correos electrónicos intervenidos en las diligencias que se tramitaban en Tarragona contra empresas gasistas que tenían en este municipio su sede, lo que revelaban no eran hechos de marcado cariz político, sino actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona, que no entienden de ideología política alguna».
Así se ha pronunciado la Fiscalía del «caso Montoro» en un escrito al juez del caso. Un documento en el que la fiscal Carmen García rechaza el archivo del caso. Y así, responde a los recursos de varias defensas, que reclaman la nulidad de la causa.
Entre ellas, la del penalista José Antonio Choclán, exmagistrado de la Audiencia Nacional y hoy uno de los abogados más reconocidos en el ámbito penal económico, que movía ficha en la defensa de Equipo Económico y de su socio director, Manuel de Vicente Tutor el pasado mes de septiembre
El caso Montoro, «viciado de nulidad»
Exmagistrado que solicitaba ante la Audiencia Provincial de Tarragona, la nulidad de todas las actuaciones declaradas secretas en la investigación que desde hace siete años mantiene imputadas a una treintena de personas. Entre ellas el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, por supuestos favores políticos a empresas.
El recurso de apelación, presentado contra el auto del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona que en 2018 acordó el secreto de las actuaciones y sus sucesivas prórrogas, denuncia lo que la defensa califica de “gravísimas anomalías procesales”.
A juicio de Choclán, mantener el secreto durante tantos años ha provocado una indefensión irreparable, al privar a los investigados de intervenir en la causa y de ejercer sus derechos de defensa.
El letrado sostiene que la prolongación indebida del secreto vulnera el artículo 24 de la Constitución, que garantiza el derecho a un proceso con todas las garantías.
Recuerda además que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el secreto no puede durar más de lo estrictamente necesario, y cita jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Choclán subraya que el propio Ministerio Fiscal se opuso a las prórrogas del secreto, alertando de que los investigados ni siquiera habían adquirido la condición de parte.
El resultado, dice, ha sido una “especial indefensión”, con imputaciones demoradas pese a que el juzgado reconocía la existencia de indicios desde diciembre de 2021.
