El juez que investiga el denominado ‘caso Montoro’ ha encargado a la Agencia Tributaria que analice los movimientos bancarios que revelan que los socios del despacho fundado por el ex ministro de Hacienda, Equipo Económico (EE), recibieron «una proporción sustancial» de los 673.500 euros que empresas gasistas le pagaron vía transferencia.
Así consta en un auto del pasado 12 de junio, donde el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, Rubén Rus, rechaza la batería de diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción para ahondar en la información económico-financiera de la presunta trama.
El instructor se limita a pedir a Hacienda que haga un análisis definitivo en base al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que refleja que las empresas gasistas pagaron 834.155 euros entre los años 2011 y 2019 a EE, de los cuales 673.575 euros fueron por transferencia bancaria.
Ese informe, del pasado febrero, precisa que «gran parte de esas entradas tienen como destino los socios de EE a través de transferencias directas», especificando que estos montos «fueron utilizados para cubrir pagos/gastos operativos y/o habituales, impuestos y gastos personales, sin que se haya identificado una derivación de esos fondos«.
Rus pretende que la unidad de Hacienda que apoya los trabajos de la Fiscalía Anticorrupción use la información contenida en este último oficio de la UCO para completar los «informes de avance» que ya emitió en mayo y octubre de 2020.
Respecto a las demás peticiones realizadas por la fiscal del caso, Carmen García Cerdá, responde que «no ha lugar» porque considera que la información que pretende recabar, con nuevos mandamientos a entidades bancarias, en realidad ya consta en la causa, tanto en los informes de la UCO como en sus anexos.
No obstante, insta a los Mossos d’Equadra y a la Guardia Civil a indicarle «si resulta precisa la emisión de mandamientos dirigidos a entidades bancarias, a fin de obtener los datos que precisen para completar sus informes».
En busca del beneficiario «real»
La fiscal quería que se requiriera más información a los bancos sobre EE, sus socios y «sociedades instrumentales» en un formato concreto para poder identificar el origen y destino de todos los movimientos de las cuentas, así como los códigos Swift de las transferencias enviadas a o desde el exterior.
Asimismo, buscaba obtener «la documentación que acredite la identidad de los titulares de los préstamos que están siendo amortizados» desde las cuentas bancarias identificadas por la UCO, así como la identidad de las personas relacionadas con los ingresos realizados en las mismas por cualquier vía y vinculadas a los productos financieros contratados por EE.
El objetivo, según explicaba la fiscal, era conocer «la trazabilidad completa no solo de las operaciones analizadas sino de los fondos obtenidos por EE y por los investigados, que permita la identificación del beneficiario real de los mismo».
Cabe recordar que tanto Montoro como una treintena de personas están imputadas por los supuestos favores que se hicieron desde su Ministerio de Hacienda a empresas gasistas que contrataron a EE y que, de acuerdo con el sumario de la causa, llegaron a lograr cambios legislativos, incluidas rebajas fiscales.
