El ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha solicitado al juez que le investiga por los presuntos favores políticos a empresas que contrataron con el despacho que fundó, Equipo Económico (EE), que le dé copia de todo lo actuado y paralice las pesquisas hasta que pueda estudiarlo, ante la «inexcusable indefensión» que dice haber sufrido por los siete años que han estado bajo secreto.
En un escrito, su defensa solicita que quede formalmente personado como investigado en la causa que comenzó en 2018 en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona por los supuestos favores que habría hecho Hacienda a empresas gasísticas que contrataron los servicios de Equipo Económico, incluidos cambios legales que les supusieron rebajas fiscales.
Fue el pasado julio cuando el titular de dicho juzgado, Rubén Rus, levantó el secreto de sumario dando a conocer la imputación de Montoro y otra veintena de personas, tanto físicas –incluidos antiguos socios del ex ministro del Ejecutivo de José María Aznar– y jurídicas, entre ellas EE.
«Y, por ello, mediante el presente escrito nos venimos a personar en calidad de investigados, solicitando acceso al contenido íntegro de las actuaciones, con suspensión de plazos y señalamientos hasta la efectiva puesta a disposición de las mismas y el transcurso de un tiempo prudencial y acorde con la extensión de la causa para su estudio y análisis por esta defensa», reclaman los abogados de Montoro.
La defensa de Montoro se enteró «por la prensa»
Además, se quejan de que, «pese a haber tenido conocimiento con anterioridad –a través de los medios de comunicación– de la existencia de una investigación en sede penal que podría estar relacionada con su persona y actividad como ministro del Gobierno de España, esta es la primera vez que se le da cuenta formal de la existencia de dicho procedimiento y de que el mismo se dirige contra él, entre otros investigados«.
En este sentido, denuncian que, hasta que le fue notificada la imputación, el ex ministro ‘popular’ «ha tenido que soportar reiteradamente interesadas filtraciones relacionadas con el presente procedimiento, generándole una inexcusable indefensión».
«Por un lado, por cuanto el procedimiento ha permanecido secreto y así se ha mantenido –inusitadamente– durante 7 años aproximadamente, impidiendo a mi representado conocer qué es lo que se estaba investigando y ejercer su derecho fundamental a la defensa consagrado constitucionalmente«, detalla la defensa.
Y añade que, «por otro lado, porque las interesadas filtraciones han venido refiriéndose, por lo general, a hechos distintos de aquellos sobre los que, al parecer, se concreta finalmente la investigación, agravando de esta manera la indefensión producida y la pena instrumental de banquillo a la que ha sido sometido durante todo este tiempo».
