El penalista José Antonio Choclán, exmagistrado de la Audiencia Nacional y hoy uno de los abogados más reconocidos en el ámbito penal económico, ha movido ficha en la defensa de Equipo Económico y de su socio director, Manuel de Vicente Tutor.
Ante la Audiencia Provincial de Tarragona, ha solicitado la nulidad de todas las actuaciones declaradas secretas en la investigación que desde hace siete años mantiene imputadas a una treintena de personas, entre ellas el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, por supuestos favores políticos a empresas.
El recurso de apelación, presentado contra el auto del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona que en 2018 acordó el secreto de las actuaciones y sus sucesivas prórrogas, denuncia lo que la defensa califica de “gravísimas anomalías procesales”.
A juicio de Choclán, mantener el secreto durante tantos años ha provocado una indefensión irreparable, al privar a los investigados de intervenir en la causa y de ejercer sus derechos de defensa.
Un procedimiento “viciado de nulidad”
El letrado sostiene que la prolongación indebida del secreto vulnera el artículo 24 de la Constitución, que garantiza el derecho a un proceso con todas las garantías.
Recuerda además que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el secreto no puede durar más de lo estrictamente necesario, y cita jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en apoyo de su tesis, según el recurso, al que ha tenido acceso Europapress.
Choclán subraya que el propio Ministerio Fiscal se opuso a las prórrogas del secreto, alertando de que los investigados ni siquiera habían adquirido la condición de parte.
El resultado, dice, ha sido una “especial indefensión”, con imputaciones demoradas pese a que el juzgado reconocía la existencia de indicios desde diciembre de 2021.
La cuestión de la prueba y la competencia
El recurso también impugna el uso de correos electrónicos intervenidos en un registro de la empresa Messer. Según la defensa, el juez no motivó adecuadamente la entrada ni la conexión entre el objeto inicial de la investigación —la construcción de una planta en El Morell— y el “hallazgo casual” de mensajes donde se mencionaba a Equipo Económico.
Para Choclán, se trata de prueba obtenida sin cobertura judicial suficiente, lo que conlleva su nulidad.
En paralelo, plantea la falta de competencia territorial del juzgado instructor. A su juicio, los hechos investigados, de existir, habrían tenido lugar en Madrid, donde se ubica el Ministerio de Hacienda y la propia consultora. Mantener la causa en Tarragona, argumenta, vulnera el derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la ley.
Sin indicios sólidos de delito
La defensa rechaza de plano las acusaciones de cohecho, tráfico de influencias, fraude contra la Administración o corrupción en los negocios. Asegura que no se ha probado el pago de comisión ilícita alguna ni contacto con funcionarios para favorecer a empresas.
Recuerda además que los hechos se remontan a 2014 y 2018, superando incluso los plazos de prescripción en materia tributaria y contable.
En definitiva, Choclán plantea un mensaje contundente: la investigación, mantenida en secreto durante años, ha lesionado derechos fundamentales y debe ser archivada. “La indefensión ya se ha producido”, concluye.
